Nada os debo, como Machado. Nos debéis cuanto hemos sido: a este país, que sumamos todos.

La crisis (que no hemos provocado la gente de a pie) nos cuesta el trabajo, los derechos y la vivienda. Los bancos se han puesto las botas con nuestra candidez. Cuando a los que leen a Machado, y a los que no, les falta el dinero, ni lecho ni mansión. Les espera la ley hipotecaria que defiende los intereses corporativos de los financieros y arroja a los financiados a una espesa capa de miseria. La dación en pago retroactiva, fundamento principal de la ILP que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los colectivos de Stop Desahucios han conseguido instalar en el Congreso esta semana, no es la única solución a esta condena demencial, pero --si existe-- pasa por ahí. Nos dicen que, si se aprueba, el sector financiero entrará en una crisis profunda y no se concederán créditos. Esto debe ser porque ahora no está en crisis y el crédito fluye con alegría. ¡Vergüenza de cinismo!

Es posible utilizar el imperio de la ley para doblegar el instinto depredador del poder financiero. Se puede, y se debe, aprobar la dación en pago para siempre y suspender de inmediato toda ejecución hipotecaria durante un período prudencial de dos años --que son los que preven que seguirá la recesión--.

Es urgente aliviar la carga de las deudas con una reducción durante el mismo período de las cuotas hipotecarias, suprimiendo los avales sin impago, a un máximo del veinte por ciento del salario con una escala progresiva, para aumentar la renta disponible de la gente e impedir la contratación de nuevos préstamos con diferenciales superiores a un punto y medio anual.

Es necesario implantar una tasa a las transacciones de capital para sufragar un cambio de modelo bancario y evitar la especulación financiera y establecer un impuesto específico a la actividad bancaria que revierta en beneficios sociales, orientado a instaurar un nuevo tejido inmobiliario, avalado por el Estado en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Y es determinante afirmar taxativamente y sin complejos que, si esto provoca pérdidas, las deberá asumir la propia banca. Ya es hora de redistribuir las cargas.

¿Es ésta una propuesta intervencionista? Sin duda. Es una respuesta democráticamente viable que prefiere la intervención pública, limitada en el tiempo, a la esclavitud permanente con resultado de defunción económica, que ya ha aparejado la penosa muerte física de varios ciudadanos arrojados al desespero, por entregar la soberanía --expresada a través de la ley-- al poder fatuo del dinero.

Acudo a la manifestación de hoy. Y si este Gobierno y este Congreso no nos devuelven el préstamo de votos con justicia, hay que instar su desahucio, porque el capital de la democracia es nuestro y la mansión que habitan también.

* Asesor jurídico