Vivimos tiempos difíciles y de soluciones que se plantean como rescates. Ante una crisis de confianza en nuestra economía se aplica el rescate como única solución, sin valorar otras alternativas que pudiesen ser menos contraproducentes para recuperar la confianza perdida y reactivar nuestra economía.
Ya se ha puesto en marcha el rescate de nuestro sistema bancario, el rescate de muchas Comunidades Autónomas y próximamente el rescate-país.
La implicación de las cajas y bancos en la burbuja inmobiliaria les ha llevado, a parte de ellos, a una situación de insolvencia. Tras sucesivos reales decretos se les ha ido exigiendo mayores provisiones sobre sus activos inmobiliarios, y se les ha forzado a una mayor inyección de capital para mejorar su ratio de solvencia. En algunos casos, por todos conocidos, esta inyección de capital ha tenido que ser con dinero público, a través del FROB.
El sentido común nos dice que las entidades bancarias inviables, al igual que muchas otras empresas que no han sobrevivido a la crisis, se liquidasen con cargo a sus recursos propios, cubriendo el Fondo de Garantía de Depósitos el déficit para la devolución de los pasivos bancarios, y exigiendo responsabilidades.
Pero la receta ha sido bien distinta, pues se ha considerado más acertado inyectar dinero público, inicialmente a través del FROB y posteriormente solicitar un rescate a Europa, para la reestructuración y resolución, ¡ojo! que nunca liquidación, de estas entidades. Tampoco se ha conseguido que el rescate, o capitalización de estos bancos, se articule directamente desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad a los bancos, sino que se hará a través del Estado y del FROB, es decir mediante emisión de más deuda pública, con el consiguiente deterioro añadido a nuestra crisis de deuda soberana.
La situación financiera de las Comunidades Autónomas también se ha deteriorado gravemente con la crisis de deuda, y se les hace prácticamente imposible captar financiación. En este caso, también la solución ha sido el recate, a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Hasta un total de dieciocho mil millones de euros se han puesto a disposición de las CCAA para su financiación en este año, que serán bastantes más en los sucesivos. La Administración central se ha convertido en el banco de las administraciones autonómicas --¿hasta cuando?-- a cambio de exigencias y restricciones presupuestarias, para las que cuentan con poco margen. Tampoco ha imperado aquí el sentido común. La alternativa de emitir hispabonos no hubiera sacado a las CCAA de los mercados de financiación sino que hubiese sido una forma de normalizar su financiación, a tipos de interés más baratos de los que venían pagando.
Y lo que se avecina es nuestro rescate-país, un nuevo rescate con el Gobierno de Rajoy. Traerá consigo más compromisos de recortes en pensiones, salarios de funcionarios, inversiones, empleo público, prestaciones y protección social. Nos hundirá aún más en esa recesión, que estiman los organismos internacionales, para el 2013, la más profunda de todos los países después de Grecia.
La crisis de nuestra deuda soberana hay que abordarla, al igual que en el caso autonómico, a través de la mutualización parcial de la deuda entre todos los países de la zona euro, eurobonos, y avanzando en la unión bancaria europea y en un sistema de supervisión único.
La política, impuesta por Alemania, de priorizar la lucha contra el déficit público, mediante recorte tras recorte, nos está conduciendo directamente al abismo, con un empeoramiento progresivo de nuestra economía y sin ningún tipo de expectativas de recuperación. Y los rescates están siendo la fórmula coercitiva para obligar a la continuidad de estas políticas, sin preocuparse en absoluto de estabilizar los mercados con nuevos instrumentos legales, de recuperar la financiación para familias y empresas, y de desarrollar políticas de crecimiento que nos ayuden a salir de esta profunda recesión.
* Diputado socialista, portavoz adjunto de Economía
