El camino que ha tomado el Gobierno para agilizar la liquidación de las deudas acumuladas por comunidades autónomas y ayuntamientos --y para hacerla efectiva-- no es tan resolutivo como había avanzado el propio Ejecutivo. El Consejo de Ministros aprobó ayer el mecanismo, cuyos detalles se conocerán hoy a través del BOE, para que los bancos adelanten el pago atrasado a los proveedores de la Administración autonómica y local.
Se trata, básicamente, de hacer posible que la banca disponga de avales suficientes para hacer efectivo el pago de las facturas pendientes hasta diciembre del año pasado. La liquidación se hará a partir de mayo y a lo largo del ejercicio; es decir, que habrá quien participe de esa deuda --que se calcula en 48.000 millones de euros-- y cobre a mediados de año, pero habrá quien no lo haga hasta dentro de diez meses.
El más vale pájaro en mano que ciento volando sirve más que nunca en estos tiempos tan duros que vivimos. Por tanto, con tal de cobrar, bien está aunque sea más tarde. Sin embargo, el sistema que se va a poner en marcha, que permitirá que tengan prevalencia a la hora del cobro quienes hagan una quita de lo que se les debe, es difícil de digerir. Está bien que al final no sean los proveedores quienes carguen con los costes financieros de la operación, pero es inconcebible que se habilite un mecanismo similar a los concursos de acreedores, como si las administraciones hubieran suspendidos pagos.
