Los requerimientos hechos desde diferentes estancias económicas --Banco de España, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional-- para que se reforme el mercado de trabajo en España han desembocado en la disposición de los agentes sociales a acometer la empresa, inseparable, según los expertos, de las medidas necesarias para superar la crisis. El precalentamiento de la negociación que comenzará en enero se ha ocupado de analizar las experiencias foráneas --el modelo alemán y otros-- y las realidades locales hasta llegarse a la convicción bastante extendida de que, más que abaratar el despido, conviene dar con fórmulas imaginativas. Se trata, en suma, de poner en pie nuevas condiciones de contratación que entrañen un cierto grado de seguridad y continuidad para los trabajadores y para los empresarios, y otorguen a las administraciones una función tutelar indispensable. De ahí la necesidad de que la negociación para configurar la reforma laboral se haga a tres bandas --patronal, sindicatos y Gobierno-- y se archiven los peores momentos de la pelea de gallos de hace unos meses.
Sea el modelo alemán el destinado a imitarse o sea cualquier otro el que finalmente se adopte, lo prioritario es acabar con la sangría de un desempleo cada día más cercano al 20%. Sin lograrlo es imposible subirse al carro de la recuperación económica y el aumento de la demanda que asoman en la eurozona.
