Las denuncia de robos en el campo aumentaron durante la pasada campaña agrícola un 25% y también subieron las cifras relacionadas con denunciados (7%) y de detenidos (130%), según dio ayer a conocer el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, quien anunció que la Guardia Civil no solo se limitará a la vigilancia de las zonas de explotaciones agrícolas y ganaderas durante la recolección de la aceituna, sino que ampliará sus labores a "abordar cualquier tipo de problemática que tenga el campo cordobés".

Organizaciones como Asaja, UPA, COAG, Almazaras Industriales, la Federación de Guardas del Campo y las cooperativas de Faeca acudieron a una reunión en la que se hizo balance de la campaña anterior y se perfiló la siguiente y en la que estuvieron también presentes el delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, y el teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Fuentes.

Primo Jurado reiteró que la denuncia "es un instrumento esencial para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" sepan la dimensión de estas actuaciones delictivas y tomen las medidas oportunas y animó a los empresarios de campo a acudir a los puestos y cuartelillos de la Guardia Civil.

El instituto armado efectuó la pasada campaña 27.000 horas de servicio, que se verán aumentadas a 30.000. Además, habrá "un refuerzo en la investigación y de la presencia de la Guardia Civil con 300 agentes, que estarán protegiendo explotaciones agrícolas, caminos y carreteras".

También se intensificará la presencia del Seprona y de las unidad rurales de Seguridad Ciudadana de la benemérita, e incluso se contará con la participación de medios aéreos.

De otro lado, el subdelegado aplaudió "el endurecimiento" de penas que contempla la reforma del Código Penal, que viene a recoger "muchas de las aspiraciones del Ministerio de Agricultura y de cualquier persona de ley y sentido común que tenga que ver con el campo".

La "tipificación del hurto se agrava para quienes sustraen productos agrarios, ganaderos o instrumentos" y para "quien porta armas o pertenece a una organización o banda criminal". También aumentan las penas para los causantes de incendios forestales que afecten a "zonas en las que hay explotaciones agrícolas".