Indignación en la calle. Incredulidad y sorpresa en el Gobierno. Crítica generalizada. La salida de la cárcel de los cinco miembros de La Manada ha desatado una potente ola de crispación, solo contestada por la defensa de los procesados, feliz porque la Audiencia de Navarra le ha dado la razón y ha admitido sus argumentos para dejar libres a los cinco condenados a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines del 2016. Por la mañana, los acusados depositaron la fianza de 6.000 euros con una transferencia bancaria. Por la tarde, volvieron a pisar la calle tras casi dos años de reclusión. A las 18 horas, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, abandonaban el centro penitenciario de Pamplona. Los tres vehículos que les esperaba se han marchado del lugar a gran velocidad. Los otros dos reos, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, han dejado la prisión militar de Alcalá de Henares una hora y media después. La fiscalía de la Comunidad de Madrid ha ofrecido apoyo a la víctima, a través de su abogado, y si es preciso protección policial.
La fiscalía y las acusaciones han anunciado que recurrirán la decisión de excarcelar a los procesados, que fueron condenados por abuso sexual y no por agresión sexual, al considerar los jueces que no existió intimidación. Como pasó en abril con la sentencia condenatoria, el tribunal está dividido. En aquella ocasión fue el juez Ricardo González quien emitió un voto favorable a los condenados, al ver en el video que ellos grabaron sexo en un ambiente de «jolgorio». Ahora, la correlación de fuerzas ha cambiado. A este magistrado, que siempre ha defendido la inocencia de los acusados, se le ha unido la magistrada Raquel Fernandino, que se pronunció a favor de imponer los nueve años de prisión a cada uno de los miembros de La Manada. Los dos han dejado solo al presidente del tribunal, José Francisco Cobo Sáez, que ha abogado en su voto particular por prorrogar la prisión provisional por «la gravedad del delito» y el riesgo de fuga. En definitiva, dos contra uno. Un resultado que ha permitido que los procesados hayan salido a la calle. No la veían desde el 7 de julio del 2016. Si no se revoca esa decisión verán pasar los días desde sus casas de Sevilla. Podían estar en situación de prisión provisional durante cuatro años y medio, la mitad de la condena. Los jueces destacan que con la condena de nueve años se ha producido «una más que notable reducción» de las penas solicitadas por las acusaciones, de hasta 22 años y 10 meses de prisión, y que no existe riego de fuga porque los procesados no tienen medios económicos para huir. También descartan la reiteración delictiva, pues el caso es mediático y los acusados conocidos. A todo eso, añade que los acusados residen a más de 500 kilómetros del lugar donde vive la víctima y que garantizar «su tranquilidad y su sosiego» es algo que puede «procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosa que la prolongación de la prisión provisional». Los magistrados se acogen a la presión social para justiciar que los reos no pueden cometer de nuevo un delito y enfatizan que los procesados no tienen antecedentes por acciones de esa naturaleza. «La repercusión que ha tenido el caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto a los acusados que ello permite cuestionar fundamentalmente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva», sostienen.
