La comisión de la memoria histórica impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba, que fue creada hace un año y que espera tener en breve su dictamen, propondrá la creación de una oficina de atención a las víctimas del franquismo y el impulso y máxima celeridad para la exhumación de las dos fosas comunes localizadas en los cementerios de San Rafael y la Salud, cuyas parcelas han empezado a desafectarse. En ambas medidas hay total unanimidad de los miembros de esta comisión, formada por los grupos municipales, sindicatos y asociaciones memorialistas y presidida por José Rojas, que ha declinado hablar con este medio hasta que no se conozca el dictamen por respeto a los trabajos del grupo.

La oficina para víctimas, que contempla además la ley andaluza de memoria democrática aprobada el pasado 28 de marzo, ofrecería asesoramiento a los familiares de represaliados y propugnaría la creación de un banco de datos de adn para la localización de desaparecidos. En este sentido, son cruciales los pasos dados este verano por la Junta de Andalucía para la apertura de los trámites para las exhumaciones, así como el plazo para la presentación de alegaciones.

Desde Ganemos e IU reseñan que en esta materia hay mucho trabajo avanzado en Córdoba desde el Archivo Histórico Municipal que hasta 2011, cuando el PP decidió prescindir de este servicio, se afanó en la recopilación de testimonios orales de esta época. «La comisión ha servido para clarificar competencias en las exhumaciones», afirma Alba Doblas (IU), que explica que deberá hacerse ahora un convenio con la Junta de Andalucía para determinar la financiación de las mismas y dar total garantía a las víctimas. La representante socialista Mar Téllez --que presidió, por cierto, el Foro ciudadano para la recuperación de la memoria histórica--, precisa, además, que el dictamen de la comisión pasará por el Pleno, que tendrá que votarlo, y será elevado a la Administración andaluza.

Ni siquiera hay oposición por parte del PP, que «muestra su apoyo al 100% a las exhumaciones, que consideramos es lo realmente importante de esta comisión y una asignatura pendiente por justicia, humanidad y derecho», sostiene Juan Miguel Moreno Calderón, representante popular en este grupo de trabajo. Rafael Blázquez, de Ganemos, añade: «Se trata de saldar una deuda histórica. Es inaudito que en el mundo solo Camboya esté por delante de España en fosas comunes». Rafael Carlos Serrano, de Ucor, destaca que este tema sí es una reivindicación ciudadana y «de justicia», mientras que Said Faz, de CCOO, insiste en que lo importante es impulsar un convenio entre el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación para acelerar las exhumaciones. La comisión también encargará un estudio historiográfico de las fosas. Desde Ganemos se recuerda que en los presupuestos de 2017 hay una partida aún sin gastar de 20.000 euros para esta materia.

SIN UNANIMIDAD // La unanimidad que concita el pedir celeridad para las exhumaciones abarca todo el arco político, desde el PP a Ganemos, y contrasta con los recelos y reticencias que despierta la eliminación del callejero de los nombres y símbolos del franquismo, como Cruz Conde, Vallellano o Cañero, para lo que no hay consenso. El trabajo de la comisión --que se dividió en dos grupos: el de fosas y el de símbología-- ha consistido en el estudio pormenorizado del nomenclator y en la propuesta razonada desde el punto de vista histórico (la comisión ha contado con el asesoramiento de los historiadores Antonio Barragán y Francisco Acosta) de una quincena de nombres para su eliminación. Los miembros de la comisión consultados por este medio han valorado positivamente el trabajo realizado estos meses, donde ha habido «debates acalorados», pero en general «buena sintonía».