Casi el cuarenta por ciento del tabaco que se consume en la provincia de Córdoba procede del contrabando, según los datos que maneja Altadis, la más importante compañía del sector en España, que indica que estas cifras sitúan a Córdoba y otras zonas de Andalucía a la cabeza nacional de este tipo de consumo, pues la media de España apenas se sitúa en torno al 10%. Aunque no hay datos recientes, las últimas estimaciones realizadas indican que esta cantidad de tabaco vendido de manera irregular supone, según los datos que maneja Altadis, unas pérdidas para el Estado, en materia de recaudación, de unos 900 millones de euros a nivel nacional. En lo que se refiere a Andalucía la cifra se situaría, según la misma fuente, en torno a los 500 millones.
Aunque la cifra de consumo al cierre del año supone un repunte sobre los datos recogidos en el primer semestre del año pasado, cuando el porcentaje se quedaba en el 19,8%, se acerca a los años de mayor actividad, como eran el 2015 (41,9%) y 2016 (45,6%). Por otro lado, aunque los datos de la primera mitad de este año aún no están disponibles, fuentes del sector apuntan que se ha debido registrar una caída importante debido a dos operaciones policiales que han acabado con dos de las fábricas de tabaco ilegal más importantes del país, una en Santaella y otra en Tarragona.
LA TERCERA DE ANDALUCÍA
Según los datos de Altadis, que son fruto de un encuesta que realiza la empresa Ipsos, en Andalucía, al cierre del año 2018 solo había tres ciudades en las que los índices de tabaco ilegal superaban a Córdoba. Estos puntos son Cádiz, con un consumo del 51,9%; Jerez, con un 52,2% y Marbella, donde el tabaco ilegal supone el 40,9%.
La cifra de Córdoba, al cierre del año 2018, superaba a uno de los más importantes focos de esta actividad, como es Algeciras, donde el dato se ha quedado dos décimas por debajo (39%), siendo esta localidad portuaria la que ha liderado desde, al menos el 2014, la media de consumo de tabaco ilegal en todo el territorio nacional.
En cuanto a las intervenciones llevadas a cabo durante el pasado año por la Agencia Tributaria, los datos facilitados por este organismo estatal indican que durante el año 2018 se aprehendieron en Córdoba un total de 15.507 cajetillas de tabaco de contrabando, mientras que en Andalucía la suma ascendió a 1.472.069 cajetillas.
Si de lo que se habla es del tabaco picado, en el último ejercicio se ha decomisado en la provincia de Córdoba un total de 2.604,5 kilos, cifra que representa una parte importante del total intervenido en Andalucía, cuya cifra se situó en 39.248,77 kilos, según la Agencia Tributaria.
Aunque se han desarrollado por la Guardia Civil y la Policía Nacional varias operaciones para combatir la venta de tabaco de procedencia ilícita y se han decomisado cantidades importantes en lugares de la provincia como Santaella, desde la Agencia Tributaria indican que la mayor actividad de venta de este tipo de producto se lleva a cabo en los núcleos de mayor población, como es el caso de la capital de Córdoba. Además, indican desde Hacienda que la tipología del contrabando de tabaco ha ido variando, de modo que últimamente se está notando un considerable incremento de la picadura de tabaco y del tabaco falsificado en detrimento de las cajetillas tradicionales, que era lo más demandado años atrás.
En este sentido, explican que en la tipología de contrabando de tabaco se pueden diferenciar tres fórmulas. Por un lado, está la introducción de tabaco comercial que llega de lugares de baja fiscalidad como Gibraltar; por otro lado, está la falsificación de marcas comerciales; y el tercer formato es el desvío del consumo de hoja de tabaco destinado a servir de abono o a otro similar.
En cuanto al perjuicio que esta actividad genera, desde la Agencia Tributaria señalan que tiene una doble vertiente perniciosa, pues, por un lado, desde el punto de vista sanitario «representa una especial amenaza a la salud del fumador, ya que su fabricación y comercialización no están sometidos a ninguno de los controles que tiene la industria legal». Desde la otra vertiente, la tributaria, supone «una falta de solidaridad en el sostenimiento del gasto público, con toda su actividad financiera sumergida y oculta al fisco, a la vez que quienes realizan la actividad ilícita crean una competencia desleal en el mercado».
