Solo tres comunidades autónomas -País Vasco, Navarra y Castilla y León- obtienen un notable en la evaluación de los servicios sociales que realizan cada año la Asociación Española de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, mientras que siete la suspenden -Madrid, Valencia, Murcia, Canarias, Andalucía, Galicia y Extremadura-. La nota media de las comunidades es un aprobado (5,22), la más alta del Índice DEC, que elabora esta asociación desde hace siete años con el análisis en cada autonomía de los derechos reconocidos, el gasto y las coberturas de los servicios sociales, que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.
El Índice DEC 2018 presentado este lunes coincide con el final de la legislatura -que se inició con una puntuación de 4,54- y refleja una evolución positiva, sobre todo de las que tenían una evaluación más baja, como Comunidad Valenciana y Canarias; mientras que Madrid, con la peor puntuación, es la que registra un mayor deterioro de los servicios sociales. «Globalmente la legislatura ha sido buena y la puntuación media mejora porque pasamos del suspenso al aprobado, pero nos preocupa que los servicios sociales crezcan y se adapten a los nuevo retos de la sociedad, y, sobre todo, las diferencias muy notables que siguen existiendo entre comunidades», aseguró el coordinador del estudio, Gustavo García.
RECORTES SOCIALES / El informe explica que los recortes tocaron fondo en 2013 y desde 2014 los servicios sociales mantienen la recuperación de los niveles de gasto, aunque todavía faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis. Más allá de los datos, alerta de que muchas regiones están convirtiendo los servicios sociales en meras oficinas de procedimientos, acreditación y clasificación, en función de requisitos para acceder a diversas ayudas para atender situaciones de pobreza.
Refleja diferencias muy importantes entre comunidades respecto al desarrollo normativo de los servicios sociales. Mientras Aragón, Baleares, Castilla y León y Galicia tienen legislación y planificación de las normas, Canarias no cuenta con ninguno de estos elementos (tendrá nueva ley en breve) y Madrid sigue sin una ley de nueva generación (la vigente es de 2003). También respecto al gasto destinado. Así el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en servicios sociales (703 euros/año), que Murcia (297 euros/año).
Las diferencias se dan asimismo en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios. En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos, comunitarios o de atención primaria por cada 890 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid, un profesional por cada 8.354 habitantes. Mientras que las rentas mínimas de inserción en el País Vasco alcanzan a más de tres de cada cuatro personas (76%) en riesgo de pobreza, en cinco comunidades no llega al 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia).
Un año más los resultados del índice, elaborado con datos oficiales de las distintas administraciones, muestran el «vaciamiento del derecho a los servicios sociales» en algunas comunidades por la gran desproporción entre los derechos que reconocen sus leyes y la cobertura real de prestaciones y servicios que deberían plasmar. El informe advierte de que gastar más no es necesariamente hacerlo mejor: Extremadura y Asturias presentan índices de cobertura bajos para un esfuerzo económico muy elevado y, según el informe, esas comunidades han desarrollado sus servicios sociales dando la espalda al nivel local y solapando o dejando en sombra muchas coberturas.
El gasto presupuestado en servicios sociales por todas las administraciones en 2018 fue 18.871 (el 1,57% del PIB, en 2010 era el 1,68%); el 25,1% procede de ayuntamientos, el 61,4% de comunidades y un 13,5% de la Administración central. España debería llegar al menos al 2% del PIB.
