Tiene problemas para pronunciar bien. Abusa de la z. La r se le resiste. No distingue mucho entre la d y la l. Omite algunas letras al leer y al hablar. Sus compañeros (y a veces hasta la familia) no le entiende bien. Estamos delante de un niño o niña -probablemente de cuatro, cinco o seis años- que sufre una dificultad en el aprendizaje. Comparado con un menor tartamudo, otro con retraso emocional, síndrome de Down o trastorno del espectro autista, su caso es bastante leve. Son niños perfectamente sanos. Se comunican y comprenden lo que se les dice. De hecho, están empezando a aprender a leer y escribir. Pero necesitan ayuda profesional para corregir esa dificultad. Si no la reciben, podrían tener problemas para desarrollar una correcta capacidad de lectura y escritura y, por lo tanto, tener un bajo rendimiento académico en el futuro. ¿Ofrece la escuela pública esa ayuda? En teoría, sí. La falta de recursos hace que la prioridad sean los alumnos con problemas más graves, así que muchas familias con hijos que tienen dificultades del habla terminan optando por un logopeda privado, siempre y cuando se lo puedan permitir económicamente (la tarifa ronda los 100 euros al mes). «No debería ser así porque en la escuela tendría que reinar el principio de equidad y la igualdad de oportunidades», resume la maestra Teresa Esperabé.

Otra opción es que el pediatra de la Seguridad Social detecte problemas en el habla y derive al crío a un centro especializado para que se le evalúe. En caso de constatar que, efectivamente, necesita ayuda profesional hay logopedas adscritos a la Seguridad Social que trabajan con grupos de menores. «Que se le admita o no es cuestión de suerte. Todo depende de los recursos del centro y de si está o no saturado», admite una pediatra que trabaja en un ambulatorio en Madrid.

Los colegios públicos carecen de logopedas en plantilla. Algunos concertados tienen, pero las familias han de contratarles aparte, como ocurre con las actividades extraescolares. Lo que sí hay en los colegios públicos son profesores de pedagogía terapéutica y profesores de audición y lenguaje. Estos son personal educativo y no sanitario, como ocurre con los logopedas. El Consejo General de Colegios de Logopedas explica que la falta de logopedas en la escuela pública es una de sus principales reivindicaciones. «Hemos tenido reuniones con las consejerías y con el Ministerio de Educación, pero, de momento, la respuesta sigue siendo negativa a facilitar el acceso de los logopedas a ejercer en el ámbito educativo», explica Mireia Sala, presidenta del Consejo.