Ya era hora

De lo que hasta el momento hemos conocido sobre la formación del nuevo gobierno, al margen de los nombramientos de ministros, ministrables y ministriles, lo más novedoso y a la vez importante es la creación de un Ministerio de Consumo, desgajando así del de Sanidad una ineficaz Dirección General de Consumo. Desconozco si Alberto Garzón es la persona indicada para esta encomienda -después de Leire Pajín al frente de Sanidad, cualquiera puede ser ministro- pero eso no resta significación a una especificidad tan necesaria como la de canalizar las quejas, reclamaciones y preocupaciones de los usuarios y consumidores cuando ven sus derechos atropellados y no saben a dónde acudir. Con la excepción de que en algún ayuntamiento o en alguna comunidad autónoma haya alguien que se crea el encargo y se emplee en la defensa de los consumidores, las oficinas de consumo no sirven para nada. Solamente para distraer a personal, mover papeles y cabrear a los vecinos. Sé de que hablo y conozco el funcionamiento de las OMIC y el destino de las reclamaciones que reciben: es como predicar en el desierto. Hoy por hoy en nuestra sociedad los ciudadanos están muy perdidos, desarmados y desamparados frente a las multinacionales, las empresas de servicios y las administraciones públicas. Cuando rara vez actúan, siempre lo hacen contra alguna pequeña empresa o tienda comercial a la que amedrentan, pues ya bastante jodido lo tienen frente a sus competidores de internet o grandes superficies. Si en su desesperación los ciudadanos acuden al Defensor del Pueblo viene a ocurrir lo mismo, ya que este organismo no suele implicarse en la defensa de los derechos del consumidor. Y como muestra de lo que digo repasaré algunas situaciones. Dejo para el recuerdo el sufrimiento de tantos miles de individuos atrapados en las abusivas «cláusulas suelo» que tumbó el Tribunal de Luxemburgo mientras en este país se acumulaban los lamentos y reclamaciones y nadie hacía nada, o qué decir de las participaciones preferentes, o de las tropelías de las empresas de telefonía que hace unos años fueron inmisericordes con sus clientes y despreciaban sus quejas; o de las empresas automovilísticas, o las aseguradoras en cuanto surge la mínima complicación, o del abuso de las empresas suministradoras de energía, o del laberíntico mundo de las compañías aéreas, aún más enreversado cuando son low cost, si hay que reclamar una pérdida de maleta o un vuelo cancelado. Y no digamos el indignante “silencio administrativo” de la Administración pública ya sea nacional, autonómica o local. Con tal de que quiera currar, no le faltará faena al nuevo Ministerio de Consumo, tan necesario en una sociedad tan sorda como insolidaria.