Ahora que por un sector, abultado pero minoritario, en referencia a los independentistas catalanes y sus cohortes políticas, mediáticas, culturales, empresariales y financieras, se enarbola, hasta la saciedad y el hastío, la estomagante entelequia del unilateral e ilegal por inconstitucional y además insuficiente referéndum, para impulsar con su mediación la separación de Cataluña del resto de la ciudadanía española, algo que bien impide la Carta Magna de 1978, tal vez resultaría procedente plantearse la posibilidad, si los mimbres sociopolíticos lo permitieran, desde la plena legalidad y con el consenso y la mayoría del nacional arco parlamentario, de traer a colación la celebración a escala global de la auténtica consulta sobre la forma solidaria, para al menos medio siglo, del Estado de las Autonomías, que tan en crisis y larvada precariedad actualmente se encuentra, al hilo del desafío de los partidos catalanes que apuestan por el suculento y pingüe negocio de la segregación nacional, estimulando semejantes y agazapadas apetencias en otras taifas autonómicas. Lo que conllevaría reproducir, una vez más, la balcanización europea.
Y ya no solo se trataría de afianzar el régimen financiero de las comunidades autónomas, siendo algo principal, dentro de los PGE, sino también definir las actividades institucionales cuya gestión a aquellas administraciones les ataña, en colaboración y acuerdo permanente con el Gobierno central, sino también pactar la recuperación de las competencias que jamás debieron de haber sido transferidas a los mandarinatos autonómicos, como, por ejemplo, las de Educación o las de la Seguridad y Sanidad Pública, o las referentes a la Política hidráulica, entre otras, acabando con las extralimitaciones competenciales de algunas señaladas taifas, reestructurando a la par las tres Administraciones Públicas, Nacional, Autonómica y Local, tras el análisis de las necesidades y demandas ciudadanas a satisfacer, dejando el acuerdo al margen de las legítimas y democráticas confrontaciones, políticas, ideológicas y partidarias.
* Doctor ingeniero agrónomo. Licenciado en Derecho
