Vivimos al acecho de la presunción de inocencia. Nos la estamos cargando, la hemos triturado en la certeza de que pensando mal acertaremos. Rectifico: se la están cargando, nos la están triturando. Porque ante el aluvión colectivo de la corrupción, con su lodo plomizo en la retina, hemos terminado con la desconfianza en guardia, de fiebre extenuante sobre los titulares. Ahora sabemos por el auto del juez Eloy Velasco que Pablo González, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid -y, como su hermano, encarcelado por la operación Lezo- se reunió con José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, cuando ya conocía que estaba siendo investigado. Desde Interior confirman el encuentro, restándole importancia: efectivamente, fue el 8 de marzo y a petición de Pablo González, que había tenido relación con Nieto durante su época en la alcaldía de Córdoba, cuando González era directivo de Mercasa. Según fuentes de Interior, charlaron un cuarto de hora y González se limitó a felicitar a Nieto por su nombramiento; no se habló, por tanto, de Ignacio González, ni de la investigación de la operación Lezo. No se habló nada de nada. Pablo González se puso a disposición del exalcalde de Córdoba como directivo de Mercasa, cuya construcción de nuevos centros también estuvieron comentando. También se afirma desde el entorno del secretario de Estado de Interior que el propio Nieto, cuando se celebró la reunión, no sabía que los hermanos González estaban siendo investigados. Total, que se despedirían con un abrazo y un buen par de palmadas en la espalda, que es lo que se suele hacer en estas ocasiones, y días después Nieto descubriría el pastel de la investigación.

Cada cual es libre de creer la versión oficial. Que insisto: por poder, puede ser cierta. Pero estamos manchados, estamos ya tiznados por el chapapote continuo de la corrupción y esta historia ya la hemos escuchado y leído antes. Como cuando en julio de 2015 no el secretario, sino el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se entrevistó en su despacho con Rodrigo Rato, mientras se estaba decidiendo si sería investigado por la Audiencia Nacional o por un juzgado de instrucción ordinario. No podemos olvidar, tampoco, que en uno de los pinchazos telefónicos ordenados por el magistrado Eloy Velasco se puede escuchar cómo Ignacio González relata a Eduardo Zaplana, entre otras cosas, cómo está tratando de situar en la Fiscalía General Anticorrupción a jueces amigos, como ya intentó hacer en el pasado con Manuel Moix. Sobre su reciente designación, la califica como «cojonuda», por ser «un tío serio y bueno»: tan serio, y tan bueno, que todos los fiscales de Anticorrupción, menos uno, se han rebelado contra él, por bloquear el registro de Inassa, la filial del Canal de Isabel II para su negociado en Latinoamérica, aunque antes había sido incluido en el dispositivo de la operación Lezo. Así, instruida por el juez Alejandro Abascal -un refuerzo del juez Eloy Velasco que ya fue señalado, entonces, como demasiado cercano al Partido Popular- también tuvo que sufrir la separación de la investigación principal del desvío de fondos de Inassa en Colombia durante 2001. Sin embargo, los fiscales Carlos Yáñez y Gemma García recurrieron la decisión y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los apoyó. Pero recién nombrado fiscal anticorrupción, Manuel Moix paralizó el registro de Inassa, que, de relacionarse con la trama, sumaría la gestión de Alberto Ruiz Gallardón a una investigación que contempla, entre sus delitos, el de «organización criminal». Pues bien: Manuel Moix, el fiscal general anticorrupción que ha desnaturalizado, presuntamente, su investigación, impidiendo el registro de Inassa, provocando la oposición en bloque del resto de los fiscales, es un tío «cojonudo» para Ignacio González, cuyo hermano se reunió con José Antonio Nieto en todo este jardín.

Imagino que si estás con las aguas -más bien fecales- al cuello, con el sudor frío y la posibilidad de ingresar en prisión, tiene que ofrecer tranquilidad tener a un «tío cojonudo» como juzgador: alguien de fiar, que ya en abril de 2015, como fiscal jefe de Madrid, ordenó la puesta en libertad de Rodrigo Rato antes de que el Servicio de Vigilancia Aduanera acabara sus inspecciones. Por eso a estas alturas, hablaran de lo que hablaran el investigado y ya en prisión Pablo González y el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, ya hemos visto que ante estos casos de corrupción el azar casi nunca es inocente.

* Escritor