La Audiencia Nacional, que a petición de un juez francés ordenó la desarticulación de una hipotética red de Al Qaeda española en la provincia de Gerona, ha desistido y dejado en libertad sin cargos, con fianza simbólica, a los dos detenidos que quedaban tras cuatro meses en prisión preventiva. El doble de tiempo que los otros 14 apresados en aquella redada, liberados en marzo, también inocentes. A todos ellos, de origen magrebí, se les había acusado de posesión de material químico para fabricar explosivos. Pocos días después, los laboratorios policiales advirtieron de que lo incautado era detergente doméstico, por lo cual esa burda operación hizo popular el apelativo de comando Dixan.
Este caso desvió la atención pública de lo que sucedía con el Prestige y proporcionó argumentos al Gobierno para vender el apoyo que prestaba a la guerra que EEUU preparaba contra Irak. Tras el Consejo de Ministros de enero en La Coruña, aquella detención de 16 magrebís residentes en Cataluña se ofreció oficialmente como una gran noticia. Ahora, cabe preguntarse si haber prolongado la detención de los dos últimos implicados ha sido justo o si ha pretendido justificar aquel resbalón judicial y policial.
