A medida que pasan los días, y vamos aburriéndonos de las conferencias de prensa del Gobierno, con datos inexactos y nada ilustrativos de la magnitud del desastre sanitario que estamos viviendo, vamos conociendo más claramente el desastre económico que se nos avecina. Un desastre económico que es un daño colateral de las medidas tomadas para preservar la salud, y que hemos de aceptar como el coste de esta, pero que será tanto más severo cuanto más se tarden en tomar medidas y cuanto menos contundentes sean. Exactamente igual que con la pandemia.
Si hace un mes los economistas españoles avisábamos de que el PIB se contraería un -3-4% solo por las primeros días de confinamiento, y al ritmo de -1,7% mínimo por mes de prolongación, a estas alturas se puede calcular que la caída no va a ser inferior al -8%, en línea con lo que el Fondo Monetario Internacional publicó hace días, y podría alcanzar entre el -12,4 y el -13,8% según el informe del Banco de España publicado esta semana. En este informe, cuya lectura recomiendo, se establecen tres escenarios, los dos primeros con 8 semanas de confinamiento y un tercero con 12 semanas de confinamiento. Teniendo en cuenta que estamos empezando la sexta y que esta situación se va a prolongar otras tantas, el escenario más probable estará más cerca del tercero que del segundo, lo que implica que no tendremos una vuelta paulatina a la normalidad hasta el otoño. La caída del PIB español, pues, será entre el -8% y -13%.
En términos de empleo, las primeras estimaciones nos daban una pérdida mínima de -500 mil puestos de trabajo, solo en el mes de marzo, pero tras los datos de afiliaciones a la Seguridad Social de marzo (-900.000) y la avalancha de ERTE, el resultado final de los modelos es que este año seguramente iremos a una pérdida de entre un millón y 1,5 millones de puestos de trabajo. Eso arrojará una cifra de 4,3-4,5 millones de personas, o lo que es lo mismo, alrededor del 20% de paro. Muy en línea con la estimación del Banco de España que prevé, en el escenario 2, un 20,6%, y, para el 3, un paro del 21,7%.
Puesto que la única política que puede parar esta sangría económica es la política fiscal, el déficit público con el que finalizaremos el año no será inferior al 8%, en la mejor hipótesis, y estará más próximo al -11% del PIB, lo que, junto a la caída de la actividad, nos llevará a ratios de Deuda Pública del 115%-120% sobre PIB.
Para que no se produzcan los escenarios más desfavorables, sería bueno que el Gobierno tomara medidas, no solo en la dirección correcta, sino que lo haga con rapidez y contundencia. Dicho de otra forma, para evitar que el PIB se desplome hasta el -13% y se destruyan un extra de 500.000 puestos de trabajo, sobre lo ya previsto, el Gobierno ha de tomar medidas en las próximas semanas y de calado, por valor de no menos de 100.000 millones de euros. Toda semana de retraso en la toma de medidas, para inyectar liquidez en las empresas y apoyar la renta de las familias, nos va a costar puntos de PIB y miles de puestos de trabajo. De igual forma, toda falta de contundencia en las medidas nos va a costar puntos de PIB y miles de puestos de trabajo.
Por eso, lo siento, pero no podemos esperar a un pacto de todos los partidos, ni a que Europa articule un Fondo de Deuda perpetua (última sugerencia de 3 folios de nuestro Gobierno). La urgencia de la situación es tal que, como pasó en el inicio de la pandemia, todo retraso en la toma de decisiones, costará, esta vez no vidas e infectados, sino empresas y puestos de trabajo.
Es tiempo de decisiones, no de «mediditas» cosméticas y de postureo político.
* Profesor de Política Económica
Universidad Loyola Andalucía
