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IU y PSOE tumban la moción contra la ocupación de viviendas presentada al Pleno por Ciudadanos

El Ayuntamiento aprueba la utilidad pública para la implantación de la factoría de Keyter Intarcon en los terrenos de Los Baños

 

Sesión del Pleno de la Corporación Municipal de Lucena, presidida por el alcalde la ciudad, Juan Pérez Guerrero. - J.A.F.

JUAN A. FERNÁNDEZ LUCENA
25/04/2019

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado la declaración de utilidad pública o interés social del proyecto de actuación para la implantación de una actividad industrial de climatización y refrigeración en los terrenos de Los Baños de la nueva factoría, de Keyter Intarcon Operations SL. Una sesión en la que se daba también luz verde al plan municipal de Vivienda y Suelo de Lucena.Por otro lado, Izquierda Unida y PSOE, con el voto de calidad del alcalde, tumbaron con su voto en contra la moción de urgencia que presentaba el grupo de Ciudadanos contra la ocupación ilegal de las viviendas. Su nuevo portavoz, Jesús López, argumentaba «que los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como «usurpación» y tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización o de forma violenta, han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en nuestra ciudad, sobre todo en zonas como el Plan Oeste 1, Avenida del Parque, calle Santiago, calle Mediabarba, calle Huertas o calle Pedro Izquierdo, entre otros, en algunos casos promovida por grupos de delincuencia organizada, bien como meros intermediarios que tratan de obtener un lucro, aprovechándose de la desesperación de muchas familias que carecen de una vivienda o que la han perdido en un desahucio, o bien que utilizan el inmueble ocupado como base de operaciones para otras actividades criminales, como es el caso del tráfico de drogas o menudeo». Manifiesta en la misma CS que «otra situación muy importante a tener en cuenta de esta problemática es la situación de los menores. Se tiene constancia de la existencia de menores de edad en los inmuebles ocupados, viviendo en condiciones de inhabitabilidad, hacinamiento y sin garantizar los suministros básicos, desprotección y vulnerabilidad. Es deber de la Administración Pública garantizar que se cumple el derecho que tenemos todos a habitar en una vivienda digna y adecuada, premisas que en la mayoría de los casos no cumplen estas viviendas ocupadas». Apunta que «el crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen, por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar frente a las mismas una vez constatadas y promover un desalojo efectivo de los inmuebles en un plazo breve de tiempo y, por otro, en una escasez de medios para poder llevar a cabo la detección de estas ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo». Informan que la ley anti-okupas «ha venido a consagrar un cauce procesal que ampara a los propietarios y poseedores legítimos de viviendas frente a la ocupación. Por tanto, se hace necesario reforzar la actuación llevada a cabo por los organismos municipales para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de la vivienda». Por su parte, IU y PSOE coincidieron en que estas medidas ya están contempladas en el Plan Municipal de Suelo y Vivienda y además no hay tiempo en esta legislatura de crear una comisión para abordar esta cuestión. La moción contó con el apoyo del PP y la abstención del concejal no adscrito, Vicente Dalda.