La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió ayer a prisión sin fianza por sedición al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por «promover» el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1-O.

Sánchez y Cuixart, a los que la juez acusa de «promover» las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Economía durante un registro de la Guardia Civil, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación a ese asedio que ingresan en prisión por estos hechos tras reclamarlo la Fiscalía.

Horas antes de enviar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a la cárcel, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tuvo que decidir qué medidas tomaba sobre el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y sobre la intendente del Eixample Teresa Laplana. El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, había solicitado prisión incondicional para el responsable policial y prisión eludible con fianza de 40.000 euros para su subordinada. No obstante, la magistrada acabó fijando comparecencias quincenales en el juzgado para Trapero y Laplana y les impuso además la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. También deberán facilitar un teléfono en el que estar localizables y, en caso de incumplir alguna de las medidas impuestas, se les advirtió de que su situación sería modificada.

ESTRATEGIA SEPARATISTA / En el auto, la jueza explica que la causa por sedición contra Trapero se reduce a lo denunciado en su día por la fiscalía, es decir, a las protestas que tuvieron lugar en Barcelona los días 20 y 21, la más destacada la concentración frente a la Conselleria d’Economia. Esos días la actuación del mayor de los Mossos «no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular a hechos tan graves como los que esos días se sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación», sostiene Lamela.

La magistrada rehúsa tener en cuenta, al menos por el momento, el último informe de la Guardia Civil relativo a la actuación de los Mossos hasta el 1-O.

Pese a todo, añade que «existen elementos que vinculan a Trapero» con la estrategia separatista, como la hoja de ruta intervenida en el domicilio de Josep María Jové, número dos del vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y «la pasividad, aun por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos acaecidos el 1 de octubre o el contenido de las conversaciones» intervenidas por el Juzgado 13 de Barcelona, en las que aparecen «contravigilancias para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía y la Guardia Civil».

En relación con la actuación de los Mossos en el 1-O, la cúpula de la policía catalana ha requerido a miembros del cuerpo que participaron en el dispositivo que redacten un texto en el que expliquen en qué consistió su actuación aquella jornada.

Según pudo saber este diario de fuentes de la Policía catalana, se trata de «unas fichas» en que se les pide que describan su labor para tener información de lo que se hizo en cada centro

INFORME POLICIAL / Por otra parte, la cúpula de los Mossos d’Esquadra ha requerido a miembros del cuerpo que participaron en el dispositivo del 1-O que redacten un texto en que expliquen su actuación durante esa jornada.

La respuesta por parte de la policía catalana no se hizo esperar. Los Mossos d’Esquadra, por su parte, afirmaron en un tuit publicado en su cuenta oficial que seguirán «demostrando con pruebas» que las «graves acusaciones» que les atribuyen «no se ajustan a la realidad». Los Mossos d’Esquadra señalaron que «un día más hemos dado todas las explicaciones requeridas y lo seguiremos haciendo las veces que haga falta».