La Diputación Permanente del Parlamento catalán, con el apoyo de Junts pel Sí y los comuns y la abstención de la CUP, acordó ayer llevar al Tribunal Constitucional (TC) la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con la oposición de los partidos constitucionalistas. El bloque partidario de apelar al TC argumentó que el artículo 155 vulnera el autogobierno, el estatuto catalán y la Constitución, mientras que Ciutadans, PSC y PP replicaron que quienes vulneraron la legalidad fueron el Parlament y el Govern y que la decisión del Gobierno del PP, avalada por el Senado, responde a esa actuación de las instituciones catalanas.

Las elecciones del pasado día 21 no alteraron el tono del debate, marcado de nuevo por el enfrentamiento entre bloques sin permeabilidad entre ambos, y la posición algo más equidistante de Catalunya Sí que es Pot.

Lluís Corominas, de Junts pel Sí -la sesión de ayer miércoles todavía mantuvo la composición de la legislatura pasada-, argumentó que «la vicepresidenta del Gobierno incorporó la parte política del asunto cuando dijo que habían ‘descabezado’ al PDECat y a ERC’». «La conjura ha sido la del Gobierno del Estado para usar los organismos del Estado para anular la autonomía de Cataluña y encarcelar las ideas en Cataluña. Denunciamos esta actuación política teóricamente en un marco jurídico», añadió. Corominas anunció que se usará la vía del TC y si es preciso la vía europea contra el 155. Asimismo, citó el informe del Consejo de Garantías Estatutarias -que ha visto bien la aplicación del 155 para la convocatoria de elecciones por ser el mecanismo «menos lesivo»- que critica la decisión de usar el 155 para el cese del president y del Govern.

Gabriela Serra, de la CUP, recordó que su partido no reconoce al TC ninguna competencia ni autoridad -en ello argumentó su abstención- y habló del 155 en términos de golpe de Estado.

Y en una posición más templada, desde Catalunya Sí que es Pot, Marta Ribas recordó su posición resumida en: «Ni DUI ni 155». Y subrayó que Unidos Podemos y En Comú Podem presentaron hace unos días recurso al TC contra el 155 para «revertir lo antes posible esta anormalidad política, recuperar el autogobierno y para aclarar los límites democráticos del 155 y sentar jurisprudencia».

DISCURSO LEÍDO DE ICETA / Carlos Carrizosa, de Ciutadans, aprovechó la sesión no solo para defender el 155 (porque la democracia había sido «secuestrada» en Cataluña por la mayoría independentista) sino para hacer proselitismo de la victoria electoral de su partido y reclamar a los independentistas que no vuelvan a desafiar a la legalidad en la nueva legislatura. Mucho menos contundente, y en un discurso leído, el líder del PSC, Miquel Iceta, también rechazó recurrir contra el 155 por la vulneración del marco legal por parte del Parlament y el Govern: «Vistos los antecedentes de continua violación de la legalidad estatutaria y constitucional por parte de la mayoría parlamentaria y del Govern, cómo se podía haber parado de otro modo un proceso político que, aparte de querer liquidar el Estado de Derecho, dividió a nuestra sociedad, debilitó la economía y afectó al prestigio» de las instituciones.

Y el popular Alejandro Fernández afirmó que el dictamen que hizo el Consejo de Garantías Estatutarias catalán sobre la aplicación del 155 «dice que todo es legal excepto la destitución del Govern» por ser «una medida desproporcionada».

La interposición del recurso al TC salió adelante con 11 votos a favor, (Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot), 7 en contra (Ciutadans, PSC y PP) y la abstención de Gabriela Serra, de la CUP.