El Consejo de Ministros ha acordado en su primera reunión levantar el control financiero de las cuentas de la Generalitat de Cataluña vinculado al fin de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "Hemos acordado dar indicaciones a los bancos para que Cataluña pueda hacer frente a los pagos sin la supervisión del Gobierno de España", ha dicho este viernes la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá.
"Nos ha parecido que esta es una medida de normalización" de las relaciones institucionales entre el Estado y la Generalitat, ha explicado Celáa. La ministra, en todo caso, ha hecho referencia a que el Estado conservará "fórmulas" para mantener cierta vigilancia sobre los pagos de la Generalitat , sin llegar a aclarar si se estaba refiriendo a la continuidad del mecanismo de control reforzado que Hacienda aplica desde noviembre del 2015 sobre los recursos para Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Control desde el 2015
A finales del 2015, Hacienda instauró un sistema de control 'a posteriori' de los pagos ejecutados por la Generalitat con recursos estatales del FLA. Para ello, la Generalitat quedaba obligada a remitir cada mes a Hacienda un informe justificando la legalidad del destino de sus pagos y que ningundo de ellos estaba vinculado a actividades secesionistas. En julio del 2017, este sistema de control se hizo más exigente y la exigencia de informes pasó a ser semanal.
En septiembre del 2017, después del pleno en que el Parlament aprobó las leyes de desconexión y a pocas semanas del referéndum del 1-O, Hacienda dio un paso más: pasó del control 'a posteriori' de los pagos a una vigilancia ‘a priori’ en la que implicó a las entidades financieras. A partir de ese momento, las oficinas bancarias no podrían atender ningún pago de la Genaralitat sin el visto bueno de Hacienda. Finalmente este mecanismo quedó incorporado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
"Hemos acordado dar instrucciones a los bancos para que atiendan las órdenes del Gobierno catalán sin la necesidad del sello del Gobierno central", ha resumido este viernes Celaá, en alusión a la intervención vinculada al artículo 155. No ha llegado a aclarar si se mantienen los mecanismos de control más antiguos.
La reunión de Sánchez con Torra
El Ejecutivo, en cualquier caso, otorga a la crisis con Cataluña la máxima prioridad, pero no quiere despertar el recelo de otras autonomías al dar la impresión de que está volcado en exceso en el pulso independentista en detrimento de otros territorios. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunirá a corto plazo con el ‘president’, Quim Torra, pero Celaá ha evitado decir cuándo.
"El presidente se va a encontrar con todos los presidentes autonómicos. No solo con Torra. Pero también con Torra", ha dicho la portavoz y ministra de Educación. "No sé si [Torra] será el primero o el tercero en reunirse. Eso es competencia del presidente del Gobierno", ha incidido después.
Pero Celaá se ha esforzado en transmitir un punto de partida muy distinto al del anterior Ejecutivo a la hora de buscar pactos con el resto de fuerzas políticas (indispensables, ya que el PSOE solo cuenta con 84 diputados) y también con la Generalitat. "El principal problema en este momento es la integridad territorial. El gran objetivo es normalizar institucionalmente. Con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra es preciso abordar las cuestiones pendientes. Venimos a normalizar", ha explicado. En todo caso, está previsto que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, exponga la semana que viene los planes del Ejecutivo central sobre Cataluña.
Ni presos ni derecho a decidir
Aquí no se incluiría ni la negociación del derecho a decidir ("está absolutamente fuera", ha subrayado Celaá) ni la situación de los dirigentes independentistas en prisión provisional. "Su situación depende del juez instructor. Debemos respetar los tiempos", ha dicho durante su primera comparecencia tras el Consejo de Ministros, en la que ha subrayado el cambio que ha traído consigo la llegada de Sánchez al Ejecutivo.
Aquí Celaá ha aludido, sin citarlo, a la actitud del PP, que tras perder al poder ha llegado a decir que Sánchez carece de "legitimidad democrática". "Es importantísimo trasladar un nuevo ambiente en España. Sabemos que aún hay iras arrinconadas en algunas de las partes, pero queremos establecer una nueva pantalla el diálogo. Por encima de todas las ideologías está el servicio público a España", ha explicado la portavoz.
