La fiscal general del Estado, María José Segarra, defendió la incautación de los teléfonos de dos redactores por orden del juez de Palma que instruye el caso Cursach, medida que las empresas afectadas y las asociaciones de periodistas consideran una vulneración del secreto profesional. Segarra aseguró que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y también por el secreto de las fuentes periodísticas y dijo no estar preocupada por si se ha vulnerado el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e información.
La fiscal recibió ayer por la mañana de manos de varias periodistas una carta firmada por más de 200 informadores que le reprochan haber avalado una «intromisión intolerable e inédita» en el derecho a la información al apoyar la incautación de teléfonos y ordenadores de redactores de Diario de Mallorca y Europa Press. Los firmantes, de distintos medios y provincias, se declaran «sumamente alarmados» porque consideran que lo ocurrido ayer es «un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna».
El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, explicó que advirtió de que requisar móviles y ordenadores de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca podía ser «delicado» si afectaba al secreto profesional, pero le indicaron que Anticorrupción lo había estudiado «profundamente» y había llegado a la conclusión de que no lo vulneraba. La Fiscalía Anticorrupción confirmó que su máximo responsable, Alejandro Luzón, lo abordó con el fiscal balear Joan Carrau y apoyó su decisión.
