El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas y otros 47 exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por el valor de 750 millones de euros que supuso «una auténtica operativa de desfalco». A todos ellos les impone una fianza conjunta solidaria que asciende a más de 1.437,78 millones de euros. Fue la magistrada Carmen Lamela la que procesó a los 48 directivos el pasado mes de agosto y ahora De Egea, que se hace cargo del Juzgado Central de Instrucción número 3 hasta que se nombre a un nuevo titular, requiere a Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer Daudí, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez Toral, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt para que en el plazo de 24 horas presten, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 639.268.905 euros con el fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudiera imponérseles.
En el caso de José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí, el juez les requiere igualmente por importe de 406.160.000 euros, mientras que para el resto de acusados -otras 35 personas- se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392.360.000 euros. Según el relato de los hechos que hacía Lamela en su auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, entre 2005 y 2009, Bancaja y Banco de Valencia, absorbido por Caixabank, participaron en inversiones inmobiliarias «diversas y de una enorme magnitud económica» en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald. En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.
