Las Asociaciones Empresariales del sector del Alquiler, Suministro e Instalación de Equipos Profesionales de Sonido, Iluminación, Audiovisuales y servicios para Eventos proponen medidas al Gobierno para evitar destruir empleos y poner en riesgo el conjunto de empresas del sector.

A la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos y, especialmente, las medidas de soporte y ayuda a las pymes, estas organizaciones, entre las que se encuentra la Asociación de Empresas Productoras de Eventos de Andalucía, han hecho público un comunicado en el que hacen pública su posición y piden al Gobierno "mucho más rigor y compromiso con el sector audiovisual y trasladar un conjunto de medidas que verdaderamente evitarían la destrucción de muchas empresas y empleos en esta industria".

El conjunto de estas asociaciones representa a más de 500 pequeñas y medianas empresas afiliadas, que juntamente con otros cientos de empresas del sector, en estos momentos tienen imposibilitado el ejercicio de su actividad económica a consecuencia de la crisis producida por el covid-19. "Nuestra actividad -señalan- está basada en el alquiler de audiovisuales y la dotación del personal técnico necesario para la realización de eventos y reuniones como congresos, ferias, acontecimientos lúdicos y espectáculos. Desde la suspensión del Mobile World Congress como detonante y a consecuencia de las recomendaciones de la OMS y de las posteriores prohibiciones en torno a los congresos, eventos y, en general, concentraciones de personas adoptadas por el Gobierno de España el 11 de marzo de 2020, hemos sido una de las primeras actividades que desde el inicio de la crisis tiene un 100% de cancelaciones".

Últimas en volver a trabajar

Añaden que "seremos de las últimas en salir de esta crisis (estas cancelaciones ya se prolongan hasta final de año) y, en todo caso, el sector quedará completamente dañado puesto que la previsión es que la distancia social se mantenga durante muchos meses más y nadie prevé que se puedan celebrar eventos masivos y/o que las empresas, instituciones u organizaciones que los promueven vayan a querer hacerlo sin todas las garantías para la salud". A su juicio, las medidas de ayuda que plantea el Gobierno a este respecto, "no son claras y no se ajustan realmente a las necesidades específicas de nuestro sector".

Entre otras situaciones que se están dando,, los ERTE por fuerza mayor quedan circunscritos exclusivamente a la duración del estado de alarma, sin considerar que en el momento de levantar el mismo, el Sector Audiovisual continuará parado, "ya que los condicionantes de nuestra actividad en este entorno son muy diferentes a las de los sectores en los que frecuentemente se enmarcan estas empresas".

Algunas empresas audiovisuales, a la vista de esta circunstancia y para evitar la reincorporación forzada de la plantilla cuando no ha terminado la contingencia que produce la falta de actividad en el sector, se han acogido a un ERTE por causas técnicas, organizativas y de producción, aunque tengan que estar obligadas al pago de los seguros sociales durante el periodo de duración del ERTE y, por tanto, sin beneficiarse de manera alguna de las medidas anunciadas por el Gobierno.

Por todo ello, el conjunto de estas asociaciones y las empresas que representan solicitan al Gobierno del Estado "que reconozca las necesidades específicas de nuestro colectivo", en el que la caída drástica de la facturación se convierte en un grave problema de tesorería y viabilidad y que puede ocasionar el cierre definitivo de muchas empresas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

Propuestas

Piden en su manifiesto "mucho más rigor y compromiso en su soporte a las empresas y trabajadores de sector del alquiler audiovisual para eventos, espectáculos y reuniones", y proponen varias medidas.

Por una parte, asegurar que, mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del covid-19, y se impida la realización de cualquier tipo de evento con afluencia de público tanto en espacios cerrados como abiertos, puedan mantenerse o prorrogarse los ERTE tramitados por causa de fuerza mayor, toda vez que, en el caso de nuestras empresas, el fin del estado de alarma no va a posibilitar el inicio de nuestras actividades.

Asímismo, una vez finalizado el estado de alarma y levantada la prohibición de realizar eventos, hasta que no se verifique una recuperación del nivel de demanda, "precisamos que puedan concatenarse con plazos de resolución de urgencia (5 días) los ERTE solicitados por circunstancias de la producción", para que las empresas puedan proceder a una incorporación progresiva de la plantilla de trabajadores, ya que no prevemos en modo alguno el comienzo de nuestra actividad hasta final de año.

Añaden en sus peticiones que, para poder garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo, "debería articularse una bonificación al 100% de las cotizaciones sociales" también para los supuestos de ERTE derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, de la misma forma que se ha legislado para los derivados de fuerza mayor, específicamente incluyendo nuestro sector de actividad en lo previsto en la disposición adicional decimocuarta del RDL 11/2020, y para todo el periodo durante el que los trabajadores no hayan podido incorporarse con normalidad a sus puestos de trabajo. En caso contrario, dichas cotizaciones pueden suponer un coste inasumible para las empresas que se verían abocadas al cierre, aseguran.

También reclaman que se garantice el aplazamiento de todas las obligaciones tributarias y la presentación del primer trimestre junto con el segundo (hasta el 20 de julio de 2020) y el aplazamiento de las deudas tributarias con un plazo más extendido del previsto en las medidas excepcionales adoptadas, proponiendo aplazamientos a 12 meses con 6 meses sin intereses y sin exigir garantías para importes mayores de 30000 € como está previsto actualmente en la Ley. Debe quedar bien entendido que su intención, insisten, "es hacer frente al pago de impuestos como el resto de sectores de actividad y como el resto de ciudadanos ya que no solicitamos una condonación o quita de impuestos, sino una moratoria en su presentación y pago como consecuencia de la falta de liquidez, especialmente crítica en nuestro sector de actividad, motivada por la paralización total de nuestras empresas hasta el momento en que puedan volver a realizarse eventos".

En tercer lugar, quieren que se les permita el cese de actividad para todos los trabajadores autónomos que hayan visto reducida su actividad en más de un 30% de facturación respecto a los 6 meses anteriores, incluyendo a los autónomos societarios donde sus empresas hayan visto reducida la facturación en la misma proporción y hasta que la recuperación de la actividad se normalice.

En cuarto lugar, que se agilizar los trámites previsto en la Ley de Contratos del Sector Público para la certificación de obra o aprobación del servicio prestado con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a los plazos de pago de 30 días naturales previstos en la Ley 9/2017.

Por otra parte, quieren que se permita un acceso ágil y efectivo al Crédito, con garantía 100% del Estado con efecto retroactivo respecto a los préstamos ya solicitados e incluso concedidos para afrontar las necesidades de tesorería generadas la parálisis económica, al tiempo que ibnsisten en que es necesaria la simplificación y reducción de los trámites administrativos.

Finalmente, informan de que han recabado la adhesión a este comunicado a todas las asociaciones relacionadas con nuestro sector, que son principalmente nuestros clientes directos o beneficiarios de nuestros servicios. "No somos los que organizan los eventos, congresos, espectáculos o acciones culturales, pero sin nosotros no hay ni congresos, ni espectáculos, ni cultura", argumentan. "Consideramos que la actividad económica no se reactivará exclusivamente a consecuencia de un Real Decreto. Hemos de velar por la supervivencia económica de nuestras empresas y trabajadores, así como de todos los profesionales que colaboran en nuestros eventos y acontecimientos", termina el comunicado.

Las asociaciones que firman el manifiesto son Asociación de Empresas Productoras de Eventos de Andalucía, APAC, Aproav, Asociación de Profesionales del Alquiler Audiovisual para Eventos, Asociación Empresarial Nacional de la Industria Técnica para el Evento y la Cultura, Asociación de fabricantes e importadores de Sonido, Iluminación y Tecnología Audiovisual, Asociación de Empresas Tecnolóxicas e Servizos Audiovisuais de Galicia, Clúster Audiovisual de cataluña, Asociación Autores de Iluminación, Asociación de Empresas de Servicios del Audiovisual Valenciano e Industrias Técnicas y Unión de Empresas Productoras de Eventos de la Región de Murcia.