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HAY SIETE ACUSADOS

Un clan familiar de Santaella, al banquillo por blanqueo de dinero del contrabando de tabaco

Los investigados simularon el cobro de premios de lotería, previa localización y compra de décimos premiados

 

La Audiencia Provincial de Córdoba acogerá el juicio. - CÓRDOBA

Redacción
25/04/2019

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montilla ha dictado auto de apertura de juicio oral contra siete personas pertenecientes a un clan familiar acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales derivados del contrabando de tabaco en la localidad de Santaella.

Según informa la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucñia (TSJA), este procedimiento constituye una pieza separada de una causa principal seguida en el mismo Juzgado por delito continuado de contrabando y delito de pertenencia a organización criminal, donde hay más de 35 personas investigadas.

El juez incoó esta pieza separada para la investigación patrimonial del clan y a fin de determinar el destino de los beneficios obtenidos de la actividad de contrabando, para lo cual los investigados presuntamente simularon el cobro de premios de lotería, previa localización y compra de lotería premiada obteniendo los certificados de una administración de lotería regentada por uno de los acusados.

En el auto, el juez acuerda la apertura de juicio oral contra los siete acusados por un delito de blanqueo de capitales del artículo 301.1 del Código Penal y requiere a cada uno de ellos para que presten una fianza de 1.432.703,39 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, todo ello con el apercibimiento de que, de no prestar dicha fianza, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

El juez, que declara a la Audiencia Provincial de Córdoba órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, acuerda asimismo a petición de la Fiscalía el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a tres investigados, recordando que dicho sobreseimiento “viene condicionado por la petición del Ministerio Fiscal, pues, como es de sobra conocido, en el proceso penal rige el principio acusatorio que exige que no pueda imponerse pena alguna sin la existencia de acusación válidamente sostenida”.

PIDEN 3,5 AÑOS DE CÁRCEL Y UNA MULTA DE MÁS DE UN MILLÓN

En sus respectivos escritos de acusación, tanto el Ministerio Público como la acusación que ejerce la Abogacía del Estado solicitan para los siete acusados 3 años y medio de cárcel y el pago de una multa de 1.074.527,54 euros -“el doble del dinero blanqueado”- por un delito de blanqueo de capitales. Además, reclaman que se imponga a uno de los acusados la pena consistente en la clausura temporal por cinco años del establecimiento de loterías que regenta y que supuestamente era utilizado para el blanqueo de capitales investigado.

El 18 de mayo de 2018, el juez acordó continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra los investigados al entender que “habrían actuado de forma concertada y coordinada para introducir el dinero obtenido con la actividad ilícita de contrabando de tabaco en el sistema financiero legal”.

El juez relata en la resolución que el resultado de las diligencias de investigación practicadas “permite afirmar que nos encontramos ante un grupo criminal organizado dedicado al contrabando de tabaco que presuntamente estaría desviando los beneficios del delito hacia actividades legales”.

En este sentido, el instructor subraya que los investigados “habrían realizado durante el periodo de tiempo 2011-2015 actuaciones perfectamente coordinadas en orden a ingresar en circuitos económicos legales el beneficio obtenido con su actividad ilícita, o han ayudado a quienes han pretendido tal fin”.

ACTUACIONES FINANCIERAS

De este modo, y según precisa el instructor, “los principales miembros del clan idearon la realización de diferentes actuaciones financieras y económicas de inversión y compra de bienes muebles e inmuebles a fin de introducir en el circuito económico legal las ímprobas ganancias obtenidas por la continuada actividad ilícita que realizaban, ocultando así su origen delictivo, contando para ello tanto con terceros, así como con un entramado empresarial creado, suscrito y administrado formal y de facto, no habiendo sin embargo acreditado actividad laboral alguna por cuenta propia o ajena desvinculada del delito”.

Según expone el juez, tras las entradas y registros en distintos domicilios y fincas de los investigados, “se obtuvo documentación de una importante cantidad de cuentas bancarias, en las cuales figuran numerosos ingresos de dinero en metálico y pagos de créditos, sin que existan decimales, lo que presume sean pagos por tabaco”.

“Ello, en unión a la escasez de ingresos por rendimientos de trabajo, junto a la ostentación cotidiana de la que hacen gala y la utilización de vehículos de alta gama, demuestran un nivel de vida que se considera muy elevado y en desacuerdo con cualquier actividad laboral, si tenemos en cuenta que durante los meses de investigación a los mismos no se les ha observado la realización de ningún tipo de actividad laboral remunerada”, razona el juez en el auto.

 

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