El gerente y la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos de la Diputación, Juan Carandell y Dolores Amo, respectivamente, negaron ayer los hechos por los que se les investiga en la causa que instruye el titular del Juzgado número 4 de instrucción de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, consistentes en un presunto amaño de las oposiciones a bombero del Consorcio Provincial. En la jornada de ayer estaban citados, además de Juan Carandell y Amo, el alcalde de Priego, José Manuel Mármol (que pidió que su declaración se aplazara hasta hoy) y los tres psicólogos que intervinieron en la evaluación de la prueba psicotécnica de las oposiciones.

Según señaló el letrado de Carandell al término de su declaración, el gerente salió muy «satisfecho». El abogado dijo que su defendido «ha negado los hechos» de los que se le acusa, ha «respondido a todo» lo que le han preguntado y dado «todas las explicaciones que tenía que dar». El letrado no quiso dar más detalles acerca del interrogatorio a Carandell. La declaración del gerente del Consorcio se prolongó por espacio de hora y media, aproximadamente, pues fue el primero en someterse al cuestionario de todas las partes.

Seguidamente llegó el turno de Dolores Amo, que salió del juzgado unos cuarenta minutos después sin hacer ningún tipo de declaraciones a los periodistas. Sin embargo, fuentes de la acusación aseguraron a este periódico que la diputada provincial también negó todos los hechos y aseguró que no sabe nada de cuanto se le acusa, aunque «ha recordado cosas parciales», matizan las fuentes.

Desde ayer y hasta la semana que viene irán pasando por el juzgado todos los responsables del Consorcio que participaron de alguna manera en el proceso selectivo, así como los bomberos que, presuntamente, se beneficiaron del amaño, todos ellos interinos a los que, según la denuncia que ha dado origen al caso, se quería beneficiar con estas pruebas. Ayer también prestaron declaración los tres psicólogos (dos mujeres y un hombre) que participaron en el proceso de selección, uno de los cuales, según fuentes de la acusación, reconoció que no existía una fijación previa de criterios objetivos sobre el perfil de los aspirantes a dar por aptos y los tres técnicos se rigieron por un «criterio profesional».

El gerente, Juan Carandell, a la derecha, acompañado de su abogado. Foto: SÁNCHEZ MORENO

La declaración de los tres psicólogos tiene una importancia clave en el proceso porque, según se recoge en el auto del juez que lo instruye, «toda vez que uno de los nudos esenciales de la imputación de graves irregularidades con trascendencia penal en el proceso selectivo radica tanto en el pretendido oscurantismo de las reglas de valoración de los aspirantes, mediante interpretación de los resultados empíricos de los test», como en la presunta filtración de las pruebas o el cambio de criterios de valoración para que entraran los aspirantes de Priego.

APELACIÓN / Por otro lado, desde la acusación también se ha informado de que ya se ha apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde ya está presentado el recurso, la sentencia por la que se desestimaban los recursos presentados por dos de los aspirantes al proceso selectivo que fueron considerados no aptos.

En esa ocasión, como ya informó Diario CÓRDOBA, el titular del juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo, consideró que «nada se puede reprochar a la labor del tribunal, asesores y colaboradores, no apreciándose error o arbitrariedad en el proceso de selección de que trae causa de este recurso, en lo que se refiere al recurrente en cuanto a la tercera prueba de carácter psicológica, al atenerse en todo momento aquellos a (...) las bases de la misma, publicadas y no impugnadas».