Ecologistas en Acción denuncia que el 30% de las depuradoras de la provincia incumple la normativa sobre aguas residuales. Según informó ayer este colectivo, de las 36 depuradoras de la provincia de las que ha recibido las analíticas por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, diez de ellas incumplen la normativa que regula el tratamiento de las aguas residuales. Estas son Baena, Añora/Dos Torres, Peñarroya Pueblonuevo, Pozoblanco, Cardeña, Montemayor, El Viso/Villaralto, Villa del Río, Villanueva de Rey y Pedroche. Además, añade que existen 5 que son las peores de toda la provincia y, en concreto, las tres primeras de la lista siempre han presentado algún grado de incumplimiento de la normativa en el trienio analizado: Baena, Añora, Peñarroya Pueblonuevo, Cardeña y Pozoblanco. Por el contrario, en el trienio analizado, las depuradoras que han cumplido con la normativa son las de Adamuz, Aguilar de la Frontera, Belalcázar, Belmez, Bujalance/Cañete de las Torres, Cabra, Carcabuey, Córdoba (La Golondrina), El Carpio/Pedro Abad, Espiel, Fernán Núñez, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, Iznájar/La Celada/El Higueral, Lucena, Montilla, Montoro, Palma del Río, Priego de Córdoba, Puente Genil, Villanueva de Córdoba, Villaviciosa de Córdoba.
Estudiados los datos analíticos correspondientes al periodo 2013-2015 para toda Andalucía, Ecologistas afirma que la provincia de Córdoba es la que presenta mayores porcentajes de cumplimiento en dicho periodo, repartido así: año 2013, el 80%, 2014 el 84%, y en el 2015 desciende hasta el 75%. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a enero del 2016 la provincia de Córdoba tenía una población de 791.610 habitantes y, de ella, 132.911 habitantes no están depurando sus aguas, «bien por una mala gestión de la Administración andaluza o de las empresas concesionarias de las depuradoras».
Ecologistas en Acción añade que se da la circunstancia de que en algunos municipios cordobeses que incumplen la normativa de depuración, los ciudadanos están pagando para que sus aguas residuales se depuren adecuadamente, lo que en algunos casos supone casi el 20% del importe total de la factura del agua. «Esta situación sigue causando efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, los vertidos urbanos sin depurar están contaminando los cauces públicos, con un perjuicio importante para la salud».
