La titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, Mercedes Mayo, ha negado a este periódico “haber señalado a nadie” en el caso que investiga el Tribunal de Cuentas sobre las ayudas del Imdeco concedidas a las salas de barrio. La letrada ha hecho esta apreciación respecto a la información publicada el lunes en nuestra página web, en la que se informaba de que el Ayuntamiento ya había dado respuesta al requerimiento del Tribunal de Cuentas, que pidió a principios de febrero toda la información relativa a las ayudas concedidas en el 2013. En esta noticia se explicaba que el Ayuntamiento había limitado a los miembros del consejo rector del Imdeco de aquel año, presidido por el concejal popular Miguel Reina, la responsabilidad de la concesión de ese dinero (pese a que esas partidas se daban desde hacía años y se han seguido dando hasta diciembre), y que se destinaba a sufragar el déficit de explotación de las salas. También se explicaba que, además de los consejeros, habían sido señalados la interventora general, la viceinterventora y el secretario general del pleno.

Mercedes Mayo ha precisado que “en ningún caso desde la asesoría jurídica municipal se ha señalado a la interventora general, la viceinterventora y el secretario del pleno como las personas que tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económico-administrativa denunciada como presuntamente ilícita, habiéndose limitado la asesoría a trasladar al Tribunal de Cuentas el informe suscrito por el concejal delegado de Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud --Antonio Rojas-- como presidente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y representante legal del mismo acompañando toda la documentación solicitada por dicho Tribunal, en cumplimiento de las funciones de representación procesal que la ley otorga a la asesoría jurídica municipal”. En este sentido, Mayo precisa que lo que se ha remitido al tribunal ha sido un registro de nombres, y añade tras haberse hecho pública la información que “estos funcionarios no tuvieron intervención alguna en las sesiones del consejo rector del Imdeco en las que se adoptaron los acuerdos de pago de las compensaciones por el déficit de explotación de las instalaciones deportivas municipales objeto de investigación”.

Este requerimiento forma parte de la instrucción abierta por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para esclarecer si los hechos denunciados por la Cámara de Cuentas de Andalucía (en un informe de fiscalización de fecha 1 de junio) son constitutivos de un delito de responsabilidad contable por alcance. En concreto, el Ayuntamiento debía remitir al tribunal quiénes eran las personas que "tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económico-administrativa denunciada como presuntamente ilícita". Hay que recordar que el Ministerio Fiscal, con fecha 24 de julio, puso de manifiesto que en el año 2013 el entonces IIMD incorporó una cláusula contractual, no prevista en los pliegos de contratación, para entregar ayudas a siete clubs por un montante de 298.743 euros. La Fiscalía considera que no queda acreditado que estas concesiones se ajustaran "a las prescripciones establecidas por la ley", ni que se dieran concurriendo las circunstancias de publicidad, transparencia, concurrencia e igualdad.