La aprobación hoy por parte del consejo rector de Urbanismo del proyecto de urbanización de Cuevas de Altázar es un hecho histórico, ya que supone el final de un duro camino para conseguir la legalización. Sin embargo, no todo acaba ahí, sino que esta parcelación de Villarrubia empieza otro recorrido no menos complejo con distintas tareas por delante necesarias antes de que las viviendas puedan obtener las licencias de primera ocupación.
El informe del servicio de Planeamiento que llega hoy al consejo establece los pasos a dar, entre ellos, tramitar ante Cultura y Urbanismo un proyecto de control arqueológico. Urbanismo advierte de que antes de iniciar las obras, la junta de compensación deberá presentar un aval por el 7% del presupuesto de adjudicación del proyecto de urbanización. Según consta en el informe, el presupuesto de licitación de los trabajos -puede abaratarse en la adjudicación- asciende a 3,3 millones incluyendo la aportación al plan especial de abastecimiento y saneamiento y al desvío de líneas de alta tensión. Esto deriva en un aval de más de 200.000 euros. Además, y en tres meses, Cuevas de Altázar deberá depositar el 2% del presupuesto.
La aprobación de hoy implica también que Urbanismo da luz verde a la división de las obras en dos fases. El problema está en las condiciones ligadas a esa urbanización. La segunda fase, que consiste en el desvío o soterramiento de las líneas de alta tensión, tiene una duración indeterminada, ya que, según el informe, «las obras se realizarán cuando el nivel de ejecución del planeamiento de las urbanizaciones afectadas por el trazado permita afrontar los costes de urbanización», y afecta a toda la parcelación. Por ello, Urbanismo avisa de que no recepcionará la fase primera (todas las obras menos el soterramiento), ni la puesta en servicio de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento incluidas en la reforma de la LOUA del 2016, hasta que la junta de compensación se constituya en entidad de conservación, abone las cantidades establecidas en el plan de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, y ejecute los trabajos de urbanización de la fase segunda o garantice su coste.
La junta de compensación tiene intención de negociar con Urbanismo estas condiciones. De hecho, su presidente, Juan Manuel León Gallego, presentó una alegación. Por un lado, pide a Urbanismo que no condicione la recepción de la fase primera a la ejecución de la segunda, solicitud que ha sido rechazada, ya que el organismo municipal quiere tener garantías de que se va a ejecutar. Por otro lado, que el aval no sea por toda la urbanización, sino que vaya en consonancia con la parte que se recepcione, demanda desestimada también. Por último, que la etapa primera pueda hacerse gradualmente y recepcionarse parcialmente, de forma que se puedan poner en servicio infraestructuras que tengan independencia funcional, reclamación estimada en parte.
El proyecto incluye un convenio sobre el soterramiento de líneas de alta tensión suscrito entre Cuevas de Altázar y El Alamillo, al que deberá incorporarse Llanos del Castillo, ya que una de las dos líneas de alta tensión que atraviesa las dos primeras también pasa por esta última parcelación, que aún no está constituida en junta de compensación.
El proyecto de urbanización aprobado da una ventaja a Cuevas de Altázar, que se puede acoger a la reforma de la LOUA del 2016, que permite a las viviendas lograr licencia de primera ocupación provisional antes de la recepción total o parcial de las obras siempre que se hayan ejecutado las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua. Con esa licencia, las casas pueden acceder al suministro.
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido hasta la legalización de hoy, es difícil estimar el que hará falta hasta que las obras estén culminadas, recepcionadas, y todas las casas tengan licencia y la totalidad de servicios.
