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DECRETO QUE ESTÁ A PUNTO DE APROBAR LA JUNTA sobre viviendas ilegales

La nueva norma beneficiará a zonas inundables si antes toman medidas

Se aplicará si el delito ha prescrito y con acciones previas de «gran calado». IU asegura que apoyará a Urbanismo en el control de las casas de Guadalvalle

 

Imagen de archivo de viviendas que se inundaron hace una década. - RAFAEL TENA

Isabel Leña Isabel Leña
21/09/2019

El decreto que el Consejo de Gobierno de la Junta está a punto de aprobar aporta algunas novedades en cuanto a las zonas inundables, aunque no se prevé que tengan mucha incidencia en Córdoba. Fuentes de la Junta han explicado que las viviendas ilegales que se encuentren en un espacio en el que no haya prescrito el delito urbanístico no podrán acogerse al Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), figura que permite la inscripción en el Registro de la Propiedad (paso que supone su reconocimiento pero no su legalización), obras (pero solo de conservación) y el acceso a servicios básicos con condiciones. Sin embargo, y según las mismas fuentes, las edificaciones que estén en zona inundable sí podrán» acogerse al AFO «si antes toman medidas para evitar riesgos, para asegurar la zona». No obstante, eso no será tan fácil, ya que «para que desaparezcan esos riesgos se necesitan medidas de gran calado», por lo que «si no se toman, no se pueden acoger», según precisan estas fuentes.

El decreto del 2012 sobre suelo no urbanizable, que será derogado por esta nueva norma, tampoco permitía el AFO en las casas donde el delito no ha prescrito, ni en las que están en suelos protegidos o inundables. La intención de la Junta es flexibilizar el AFO y aumentar su ámbito de aplicación, yendo más allá de las casas que están en suelo no urbanizable e incluyendo el urbanizable y el urbano no consolidado. Hasta que la normativa sea aprobada, los datos disponibles son los que aparecen en la instrucción presentada por la Junta antes de verano, que indica que el AFO seguirá aplicándose en suelo no urbanizable, pero no en terrenos protegidos y con riesgos, por lo que habrá que ver cómo queda plasmado todo.

Las noticias que tiene Urbanismo son que en las zonas con riesgo de inundación «cierta» la aplicación del AFO será complicada, al igual que en las protegidas. La clave está en determinar el grado de inundabilidad, ya que, según estas fuentes, no es lo mismo las casas que están junto al río en Guadalvalle, sin posibilidades, que las de Fontanar de Quintos, que en parte pueden tenerlas.

El problema en Córdoba es ¿quién va llevar a cabo medidas de gran calado para terminar logrando solo un reconocimiento y no la legalización con las dificultades que está teniendo la dotación de servicios?. Basta ver que solo cuatro parcelistas se han acogido a la reforma de la LOUA aprobada hace más de un año para lograr servicios básicos.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, no espera cambios en el decreto en relación a las zonas inundables, que cree que seguirán sin tener solución y para las que demanda medidas para evitar la inundabilidad, porque «que haya riesgo no significa que no se pueda vivir allí». Por su parte, el presidente de CALU, Francisco León, insiste en que el AFO no es la solución y en que si una casa se destruye por cualquier causa no podrá edificarse.

El portavoz de IU y expresidente de Urbanismo, Pedro García, asegura que prestará su «apoyo total» en el plan de inspección anunciado para investigar la situación de las casas precintadas tras las inundaciones del 2010 y habitadas de nuevo. García señala que entre las competencias de Urbanismo está que no permita más construcciones ilegales y reconoce que «la situación de las parcelaciones que están en el entorno del río no es fácil», ni siquiera «para las legales», por lo que es partidario de «buscar fórmulas». En cuanto a las acciones realizadas en su mandato, afirma que «hasta donde sé no ha habido construcciones ilegales en la zona», y garantiza que si hubiera tenido constancia de ello, «hubiera actuado de inmediato».

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