L as asociaciones memorialistas y de familias de represaliados por el franquismo han acogido con esperanza y cautela la futura ley de memoria histórica, un texto que el Consejo de Ministros espera aprobar el 15 de septiembre y que sustituirá a la ley del 2007. Entre las novedades que presenta la futura norma se incluye la anulación de todas las sanciones y condenas producidas por razones ideológicas, políticas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil o la dictadura.

La aprobación de la ley coincidirá con el nuevo paso dado por el Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de las fosas que sea posible en los cementerios de la Salud y San Rafael. Ayer la junta de gobierno local aprobó el protocolo a firmar entre las administraciones que tomarán parte de esos trabajos (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central), de momento sin dotación económica. Según explicó ayer el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, el alcalde espera firmar «en breve» el convenio, al que se le irá dando contenido a la luz también de la nueva ley que, como adelantó ayer El Periódico de Cataluña , reconoce la responsabilidad del Estado en la búsqueda de desaparecidos, se compromete a crear un banco nacional de ADN y un censo. Los historiadores calculan que solo en la capital cordobesa se produjeron 4.000 asesinatos.

En cuanto al conjunto del proyecto, para el que fuera director general de Memoria Democrática de Andalucía la ley significa «un gran y necesario avance en las políticas públicas de memoria, pero hay cuestiones que deben ser mejoradas e incluidas, referentes por ejemplo a la inclusión en el currículo de la verdad histórica sobre lo que supuso la Segunda República, el golpe, el franquismo y la transición».