La historia se repite. Ocurrió con el centro de convenciones del Parque Joyero y vuelve a suceder con el Templo Romano, dos obras que pasaron tiempo al ralentí hasta que quedaron paradas y en las que, además de las desavenencias entre el Ayuntamiento y las adjudicatarias, influyeron otros factores. La empresa a la que se le encomendó la segunda fase del Templo Romano, Arquepec, no se ha librado de la crisis y también ha entrado en concurso de acreedores como ocurrió con Ucop. Desde abril se sabe que las obras quedaron paralizadas de nuevo con un nivel de ejecución que ni siquiera llegaba al 20% a pesar de llevar más de medio año iniciadas. El entonces presidente de Urbanismo, Pedro García (IU), explicaba que Arquepec había comunicado al Ayuntamiento que deseaba rescindir el contrato cuando llegara al 20% y que negociaban con la empresa para que continuase.

Sin embargo, y poco después, la empresa se declaró en concurso de acreedores. El Boletín Oficial del Estado publicaba la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz con «la declaración de concurso voluntario del deudor Arquepec», lo que eliminaba ya cualquier posibilidad de negociación con la adjudicataria. El siguiente paso, por tanto, es el inicio del expediente de resolución de contrato y que el Consejo Consultivo se pronuncie. Según las fuentes consultadas, el expediente está a la espera del informe jurídico.

Los trámites de las resoluciones de contrato están resultando largos. En el caso del centro de convenciones del Parque Joyero, desde que Ucop entró en concurso de acreedores a mitad del 2017 hasta la aprobación de la resolución del contrato por parte de la junta de gobierno local en marzo del 2018, pasó casi un año, aunque hubo que iniciar el procedimiento dos veces.

El Templo Romano es un proyecto que está incluido en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, junto con otros como la rehabilitación del convento Regina, cuya adjudicataria ni siquiera llegó a empezar la obra y con la que también se inició el proceso para la resolución del contrato. En noviembre del año pasado, la asesoría jurídica dijo que la resolución del contrato se estaba tramitando mal y que había que iniciarla de nuevo. Desde entonces poco se ha sabido.

El plan ha sido prorrogado tres veces. La tercera prórroga obliga a acabar las obras antes del 1 de junio del 2020 y a justificar el pago antes del 31 de julio. Según un informe de Intervención de abril, el grado de ejecución no llega al 50%. Mucho debe correr el Ayuntamiento para que le dé tiempo a acabar las obras del Templo Romano y del convento de Regina en menos de un año. Para que dé tiempo sin pedir otra prórroga, la solución tendría que ser acortar los plazos de ejecución (fijados en Regina en seis meses y en el Templo en cinco) en los pliegos de los dos concursos que hay que convocar, resolver cuanto antes los contratos, y licitar y adjudicar en poco tiempo para que las obras puedan empezar a principios del 2020 y acabar a tiempo. Queda una tercera obra, con un plazo de ejecución más corto (dos meses y medio), la de la Torre de la Inquisición, licitada en enero y con propuesta de adjudicación desde mayo.