El número de denuncias por violencia de género registradas en los juzgados de la provincia de Córdoba cayó un 20% en el segundo trimestre del año, el más afectado por el confinamiento impuesto por el covid. El número de denuncias fue de 451 frente a las 563 del mismo periodo del 2019 pese a que la actividad judicial relacionada con la violencia machista no se vio afectada por la suspensión de los plazos procesales al ser consideradas actividades esenciales, según detalla el Consejo General del Poder Judicial.
Las cifras son similares a las del resto de Andalucía, donde se produjo también un descenso del 18,9% de las denuncias registradas en este periodo, en el que las órdenes de protección solicitadas también experimentaron una caída del 13,1%.
De las 451 denunciantes, 430 eran españolas y 21 de nacionalidad extranjera. Asimismo, 25 se acogieron a la dispensa de obligación de declarar, renunciando a continuar con el proceso. En Córdoba, el número de órdenes y medidas de protección solicitadas no descendió, pasando de 109 a 119. En este periodo, los juzgados acordaron 59 medidas de protección civiles, entre las que figuran suspensiones de guardia y custodia, de patria potestad de los hijos o cambios en el régimen de visitas y 321 medidas penales, principalmente, órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.
Entre abril y junio, 42 personas fueron enjuiciadas por algún delito de violencia machista, una cifra muy inferior a la del año pasado (86), si bien el porcentaje de condenados es similar, en torno al 85% del total.
Atendiendo a la relación de la víctima con el presunto agresor, los datos del CGPJ indican que el 62% de las denunciantes fueron agredidas por personas con las que habían mantenido una relación afectiva en el pasado frente a un 38% cuyo maltratador era su cónyuge o pareja sentimental en el momento de la agresión.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, señala que los datos del trimestre ponen de manifiesto de forma palpable las dificultades añadidas que han tenido las mujeres víctimas de violencia machista para denunciar a sus agresores, una circunstancia de la que desde el Observatorio se alertó durante el tiempo que duró el confinamiento decretado como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.
