El Ayuntamiento de Córdoba debió recurrir la resolución del Consejo de Transparencia de Andalucía, dictada en febrero, que obliga a los grupos municipales a facilitar el desglose completo de gastos por año y su justificación con facturas de los años 2015, 2016 y 2017. Esa es la opinión, fundamentada en un informe fechado el martes y emitido a petición del grupo municipal del PP, del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, que dice «que hubiera estado plenamente ajustado y conforme a derecho» que la asesoría jurídica municipal recurriese al contencioso-administrativo este fallo de Transparencia.

Al haber transcurrido más de dos meses, la resolución del Consejo de Transparencia es ya firme, por lo que los grupos municipales no tienen más remedio, so pena de ser sancionados, que entregar esta información a todas luces sensible sobre cuánto y en qué gastan sus asignaciones económicas. De hecho, el equipo de gobierno ya cursó en abril esa petición a los grupos municipales.

Al solicitar este informe al secretario municipal, el PP advirtió de que la petición de esta información podía ser considerada «una intromisión del gobierno local en la acción política de los grupos municipales».

Lavela recuerda que es el Consejo de Transparencia, y no el gobierno local, el que requiere todas las facturas, y que este, a su vez, las exige tras la reclamación de un ciudadano particular, que no solo habría solicitado esta información al Ayuntamiento de Córdoba, sino también a la Diputación de Sevilla, y a los ayuntamientos sevillanos de Espartinas y La Puebla de los Infantes. El ciudadano que reclamó es Antonio Ávila Cabello que explicó ayer a CÓRDOBA que su intención es exigir «transparencia» a las administraciones y que es algo que está haciendo en todas las comunidades autónomas. Preguntado sobre qué hará con esa información cuando se le aporte, Ávila, que es natural de la Puebla de los Infantes pero vive en el municipio catalán de Pallejá, contesta que analizarla y estudiarla.

Precisamente, el hecho de que esta persona haya requerido esta información masiva a distintas administraciones es considerado por Lavela «abusivo y repetitivo», y por tanto dentro de los límites restrictivos establecidos al derecho de acceso a la información. El secretario expresa sus dudas sobre las causas reales por las que requiere la información y el destino final que pretende darle, por lo que reitera que la asesoría jurídica debió recomendar recurrir la decisión de Transparencia, «que se hubiera podido evitar antes de que la precipitada resolución hubiese devenido firme».

AL DEFENSOR DEL PUEBLO / El ciudadano demandante no ha cejado, sin embargo, en su objetivo, y viendo que el Ayuntamiento de Córdoba se demora en la entrega de información ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz para que le exija celeridad. Así las cosas, nada parece impedir que los grupos municipales tengan que facilitar todas y cada una de sus facturas a este ciudadano de Pallejá (Barcelona).