El Ayuntamiento de Córdoba, a través de las delegación de Servicios Sociales y de la empresa municipal Vimcorsa, evitó el año pasado 72 desahucios en la cuidad, según los datos facilitados esta mañana por los responsables de ambos. En total, la oficina en defensa de la vivienda, creada al inicio del mandato actual, atendió a más de 1.500 personas durante el ejercicio pasado. La oficina tiene en la actualidad más de 258 expedientes abiertos. En un solo mes, el de enero, y según asegura Hidalgo, la oficina ha logrado paralizar 18 lanzamientos en Córdoba. El concejal ha destacado la mayor coordinación existente entre los Servicios Sociales y las zonas de trabajo.
Por su parte, la presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, ha dado a conocer los datos de desahucios correspondientes a tres trimestres del 2017 y obtenidos del Consejo General del Poder Judicial. En ellos se detecta un descenso generalizado de los desahucios a nivel global en relación al 2016 en capital y provincia, que en el primer trimestre es del 35%, en el segundo, del 21,1%, y en el tercero, del 29,4%. Esas cifras, según Doblas, son "espectaculares" y mejores que las registradas a nivel nacional y andaluz (en España suben un 2,2% en el primero, bajan un 8,4% en el segundo y descienden un 4,7% en el tercero, mientras que en Andalucía aumentan un 14,6 % en el primero, y descienden un 2% y un 1,3% en el segundo y tercero).
En cuanto a los lanzamientos que obedecen solo a ejecuciones hipotecarias, en Córdoba descienden un 40%, un 21,5%, y un 33,3% durante el primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente. En este caso, y según Doblas, "no hay ninguna otra provincia que se sitúe por encima del 20%" durante tres trimestres seguidos en cuanto a la reducción de desahucios.
Respecto a los desahucios por impago de alquiler, en Córdoba han bajado un 21,4%, un 29%, y un 20,3%, según ha indicado Doblas.
La presidenta de Vimcorsa lamenta que el Ayuntamiento se siente "solo" en este trabajo, ya que echa en falta a Gobierno central y Junta. Doblas crítica que "el diseño de las ayudas estatales y comunitarias no permite que se puedan atender situaciones de emergencia" y afirma que "se tarda año y medio en dar unas ayudas al alquiler". Además, exige que se inviertan los 14 millones previstos en el acuerdo firmado por Gobierno y Junta en agosto pasado.
