El macrofraude a la Seguridad Social en el que participaron 74 personas ha quedado hoy visto para sentencia en la Ciudad de la Justicia, después de que la gran mayoría de los acusados (han faltado varias personas) hayan aceptado la comisión de los delitos y las penas impuestas, alcanzando una conformidad con las acusaciones.
Así lo han expuesto los abogados Emilio Rioja y Antonio Martínez, que han defendido a dos de los individuos señalados como cabecillas de una trama en la que se montaron empresas ficticias para posibilitar que se cobrasen prestaciones de la Seguridad Social.
En total, la cantidad defraudada ascendió a 150.000 euros, aunque los acusados han ido devolviendo diferentes cantidades y, según las fuentes consultadas, solo quedarían por reintegrar en torno a 21.000 euros.
En un principio fueron tres las personas imputadas por impulsar este fraude, pero finalmente solo ha quedado demostrado en dos de los casos. La acusación pedía para ellos tres años de prisión, que se han rebajado a 1 año y 9 meses de cárcel, y al abono de en torno a 45.000 euros de multa.
En concreto, estas personas fueron acusadas de un fraude a la Seguridad Social en concurso con el delito de falsedad documental. Al igual que el resto de los implicados, no podrán percibir prestaciones del INSS por el plazo de dos años.
En el caso de la tercera persona imputada como cabecilla, una asesora, solo ha quedado demostrado que habría ayudado a uno de los beneficiarios de esta trama a percibir el subsidio, por lo que tendrá que abonar una multa que asciende a la mitad de lo percibido por esa persona.
En cuanto al resto de los implicados, han aceptado la comisión de un fraude a la Seguridad Social y tienen que devolver lo defraudado y pagar una multa que consiste en la mitad de la cuantía percibida más 50 euros.
Las fuentes consultadas han explicado que casi todos los implicados han reparado el daño, excepto cinco personas que han solicitado un aplazamiento para poder hacerlo.
De este modo, la sección Tercera de la Audiencia provincial ha tenido en cuenta en la resolución de este caso las atenuantes de reparación del daño cometido y de dilación indebida del proceso, ya que el fraude comenzó en el 2015.
En un primer momento, las penas solicitadas para los cabecillas fueron de 3 años de prisión y multa de 150.000 euros. A otros dos acusados se le había exigido una sanción de 8.000 euros; a otros 4, de 2.000 euros, y a los 65 restantes, multas de 4.000 euros.
