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EMPLEO PÚBLICO

La Abogacía del Estado baraja llevar al juez la lista para contratos interinos

El Ayuntamiento ha desestimado el requerimiento y alude a que quiere facilitar el acceso a un empleo. Estudian acudir al contencioso-administrativo para frenar la relación de servicios públicos esenciales

 

El transporte público está incluido en el acuerdo que fija los servicios públicos esenciales. -

Laura Mármol Laura Mármol
15/08/2016

La Abogacía del Estado estudia presentar un recurso ante el contencioso-administrativo para que sea un juez el que obligue al Ayuntamiento a anular el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local por el que se fija la lista de servicios públicos esenciales y sectores de categorías prioritarias que acapararán los contratos laborales temporales o nombramientos interinos que puede formalizar el Consistorio. El 20 de junio, la Subdelegación del Gobierno mandó un requerimiento a Capitulares para que en el plazo de un mes se dejara sin efecto dicho acuerdo, que se tomó el pasado 12 de febrero y que se basa en una descripción de los servicios que necesitan de manera decisiva un verdadero refuerzo. Justo un mes después, el 20 de julio, el Ayuntamiento reunió a la Junta Local de Gobierno en sesión extraordinaria para desestimar dicho requerimiento. Es decir, que la idea del PSOE y de IU es llevar el acuerdo a sus máximas consecuencias, un extremo que ahora estudia intentar frenar la Abogacía del Estado vía judicial.

En base a los criterios de la Abogacía del Estado, el largo listado que ha elaborado el equipo de gobierno y que engloba 12 servicios esenciales y 35 prioritarios no se ajusta a Derecho y «no habilita para la contratación temporal o interina», según consta en el escrito de requerimiento firmado por el subdelegado, Juan José Primo Jurado. Dicho documento recoge que «para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes o intereses satisfechos y como tales hay que considerar los que atienden a la garantía o ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos». En esta línea, y aunque asume que según la jurisprudencia más reciente dichos servicios son conceptos jurídicos indeterminados, «ello no quiere decir que su delimitación sea libremente disponible» por las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba.

El asunto no es baladí, ya que Ley de Presupuestos Generales del Estado establece que para este año la contratación de personal eventual y de funcionarios interinos se hará únicamente en función a esos servicios esenciales previamente establecidos.

La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento, María José Moros (PSOE), se mostró en su momento «muy sorprendida» por el requerimiento y defendió la decisión municipal. «Partimos de la base de que está bien hecho», en relación al listado de servicios básicos y prioritarios, si bien reconoció que «nos hemos pegado al máximo a los márgenes para facilitar la mayor contratación posible». En su día, la responsable de Hacienda, Alba Doblas (IU), también manifestó que se trataba de «un acuerdo absolutamente necesario, como paso previo para la recuperación de los servicios públicos y poder contratar de una vez personal en el Ayuntamiento», después de que «la legislación del PP dificulta enormemente la contratación en aquellos servicios que considera como no prioritarios». 

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