El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías aseguró ayer en el juicio por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que «había regulación y normativa» para la concesión de las mismas. Zarrías, para quien el Ministerio Fiscal solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, señaló que en su etapa en el Gobierno andaluz tenía «clara conciencia» de que había regulación para la concesión de las ayudas. Así, enumeró la Ley de Hacienda, que regulaba las subvenciones; las leyes de presupuestos de la Junta y algunos decretos, así como también normas estatales como las órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas, respectivamente. «Normativa y reglamentación había», insistió. Tras ser preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre qué normativa concreta regulaba las ayudas sociolaborales para trabajadores, Zarrías respondió que la normativa anterior regulaba las subvenciones, que consideró sinónimo de ayudas. Zarrías, fue consejero de Presidencia entre 1988 y 1990 y entre 1996 y 2009 y presidió durante estos años la Comisión General de viceconsejeros andaluces, conocidos como consejillos.
