El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Cámara andaluza, Francisco Serrano, anunció ayer que tiene previsto mantener una reunión «en los próximos días» con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar tanto el desarrollo de los puntos que se incluyen en el acuerdo de investidura suscrito con el PP-A como los futuros Presupuestos de la comunidad para este ejercicio. En relación con los Presupuestos Serrano considera que las cuentas tienen que estar en el Parlamento antes del mes de mayo y, en consecuencia, antes de que se inicie la campaña electoral por esos comicios. Y avisó de que el jefe del Ejecutivo «tiene que tener en cuenta lo que diga» Vox sobre las cuentas de la comunidad, puesto que es un partido fundamental en el Parlamento para que puedan ser aprobadas.

«Esperamos que tengamos los menores problemas posibles, pero desde luego tendrán que oír también nuestras propuestas», recalca Serrano, quien quiso dejar claro que van a exigir el cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con el PP-A. Y volvía a recordar que, aunque Vox sea fuerza minoritaria en el Parlamento, es la «llave» para sostener al nuevo Gobierno andaluz, con lo que tendrán que «contar con nosotros».

«Y Moreno, que sabe sumar, lo sabe perfectamente», insiste Serrano, dejando claro una vez más que si ahora hay «un Gobierno del cambio en Andalucía, es también porque Vox lo ha apoyado, ya que, de lo contrario, hubiéramos seguido, como el día de la marmota, con lo mismo». Serrano dice confiar, en cualquier caso, en que la legislatura tenga una duración de cuatro años.

Por su parte, el portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) Huelva y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, saludaba ayer el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de solicitar la creación de una Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) en el Parlamento de Andalucía y destacó que esta comisión permitirá señalar a los «responsables políticos» de su gestión. Díaz dijo que esta iniciativa, «aprobada a propuesta del partido naranja», tiene el objetivo de conocer, analizar y evaluar las «posibles irregularidades» que se hayan podido cometer en la gestión de esta fundación.

«Sus responsables deben dar explicaciones sobre la gestión en el Parlamento» y, «en caso de que se confirmen las irregularidades, deben asumir las «responsabilidades políticas», aseguró.