La ejecución de la sentencia del caso Malaya contra la corrupción ha permitido que en el primer año ya se hayan abonado casi 14 millones de euros a las arcas públicas, según ha asegurado a Efe el presidente del Tribunal, José Godino. De los 14 millones, más de ocho se han entregado al Ayuntamiento de Marbella en pago de responsabilidad civil a la que fue condenado el cerebro de la trama Juan Antonio Roca por la Audiencia Nacional en el caso Saqueo 1.

Además, a la Agencia Tributaria se le ha abonado 5.315.236,98 euros en concepto de impuestos devengados y no satisfechos durante el periodo anterior a la administración judicial actual, principalmente IVA e impuesto de sociedades.

En una entrevista con Efe, el magistrado ha señalado que está muy satisfecho con el curso de la ejecución debido a que ya está muy avanzada y desde el punto de vista procesal todos los procesados están pagando sus condenas en prisión, sus responsabilidades civiles y multas. Además, a través del portal (http:ventadebienesmalaya-roca.com) se han celebrado compraventas por un importe global de 5.049.729,30 euros, de las que 4.555.000 corresponden a venta de bienes inmuebles y 494.729,33 euros a venta de relojes, guarniciones, armas de fuego, dos carruajes de competición, mobiliario de oficina, cuadros y demás obras de arte.

Para José Godino, tales cifras ponen de manifiesto el «exitoso funcionamiento del portal», al que ha considerado pionero en el marco de las ejecutorias judiciales en España. Actualmente, dicha web ha recibido más de 2,5 millones de visitas de personas interesadas en adquirir los bienes que en la misma se publicitan. Tal éxito ha propiciado que otros dos condenados hayan solicitado al tribunal que bienes de su propiedad sean incluidos en dicha web para ser enajenados, y así facilitar el abono de la multa por la que han sido condenados.

Respecto a la responsabilidad civil a la que fue condenado Roca en dicho procedimiento (465.505,57 euros), ya ha sido abonada íntegramente a la Agencia Tributaria.

Godino ha destacado que al estar la ejecutoria tan avanzada algunos de los procesados ya han comenzado a pedir el tercer grado, «incluso con el visto bueno del juez de vigilancia». La ejecución de la sentencia supuso ir a prisión a una veintena de condenados al tener penas superiores a dos años de cárcel, y a otras dieciocho personas se les sustituyó la condena de cárcel debido a que están pagando «rigurosamente» las multas impuestas.