La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tomó conocimiento ayer del acta de la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de Sevilla sobre las manifestaciones realizadas recientemente por la magistrada Mercedes Alaya en una entrevista y pone de manifiesto que es obligación de todo juez promover en la sociedad una actitud de «respeto y confianza» en el Poder Judicial, sugiriendo a la magistrada actuar de manera «prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado».

Según informó el TSJA, la Sala de Gobierno tomó conocimiento del acta de la reunión de jueces de Instrucción de Sevilla del pasado 24 de mayo, en la que se expresa el profundo malestar y rechazo a las manifestaciones públicas realizadas por Alaya, que, a juicio de los instructores, ponen en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de sus compañeros, principalmente de quienes realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6 cuando ella era titular e investigaba la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Igualmente, la Sala de Gobierno ha tomado conocimiento del escrito de queja elevado a la misma por el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que actualmente está siendo juzgado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla junto a otros 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz, En el escrito, Gómez Martínez considera «erradas y desafortunadas» las manifestaciones de Alaya porque «podrían crear un estado de opinión y condicionar al tribunal sentenciador de un asunto que ha sido instruido por la propia juez». Por todo ello, la Sala de Gobierno pone de manifiesto que es «obligación» de todo juez asumir «un compromiso activo con el buen funcionamiento» del sistema judicial, así como promover en la sociedad «una actitud de respeto y confianza» en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera «prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado».

La Sala de Gobierno del TSJA, órgano de gobierno interno de los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma, elevará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el presente acuerdo, junto con los escritos presentados, quien, como es preceptivo, toma conocimiento de todos los acuerdos de las Salas de Gobierno de los TSJ de las comunidades. No obstante, la Comisión Permanente del CGPJ, en este caso, podría tomar alguna decisión al respecto o pronunciarse.

El pasado lunes precisamente, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien también preside la Sala de Gobierno, manifestó que las declaraciones de Alaya son «desafortunadas» y «no benefician para nada» al sistema judicial. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz tras entregar al presidente de la Cámara autonómica, Juan Pablo Durán, la Memoria del Tribunal correspondiente al año 2017, Del Río sostuvo que «son unas declaraciones muy desafortunadas por parte de una jueza instructora opinando sobre un procedimiento y creo que no debe hacerlo», al tiempo que lamentó que así expresa «sus perjuicios sobre ese procedimiento».

Del Río advirtió de que las manifestaciones de Alaya «no son correctas» porque «no benefician en nada al sistema de justicia, del que todos formamos parte y que nos legitima y nos cobija». «Nuestras declaraciones tienen que ser en pro de un sistema que constitucionalmente está formado por jueces profesionales, serios e independientes», apostilló.