El PP propuso ayer incluir en la reforma del Estatuto prevista para eliminar los aforamientos una «penalización del mal gestor», que podría plasmarse en una multa o en la inhabilitación para gestionar cargos públicos en la comunidad, según el consenso al que lleguen los grupos.

El portavoz parlamentario de los populares, José Antonio Nieto, presentó esta propuesta, que defendió porque Andalucía tiene que ser una comunidad autónoma que «dé ejemplo de que aquí no caben las personas que no respetan el dinero público ni los servicios públicos».

«Andalucía sufre una penalización en su imagen por culpa de muchos malos gestores y se nos ve como una comunidad donde se derrocha el dinero público, y eso hay que evitarlo», sentenció Nieto, para quien una manera de hacerlo es que en la «ley de leyes» andaluza que es el Estatuto «quede plasmada la lucha contra la mala gestión de forma contundente».

Explicó que el PP todavía no ha trasladado esta propuesta al resto de fuerzas parlamentarias y que está «abriendo un debate en el que cabrán matizaciones», para añadir que la mala gestión ahora no está penalizada, como sí lo están «algunos delitos que suponen un extremo de ella, como la apropiación indebida».

A su juicio, introducir estos cambios en el Estatuto «puede ser una advertencia para que si alguien tiene la tentación de intentar captar votos con el dinero de todos se lo piense».

José Antonio Nieto puso como ejemplo que no es un delito que en Andalucía no se hayan ejecutado 6.000 millones de euros de fondos europeos para infraestructuras, pero esa actuación sí supone «una responsabilidad que no se puede tolerar», por lo que apostó por que «no se quede en un mero reproche en una rueda de prensa». EFE