El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín señaló ayer que su partido votará en la Mesa del Parlamento en contra de la petición de Vox de que se le proporcione una lista de los trabajadores encargados de las unidades de violencia de género. Marín asegura que el límite de su partido está, en este asunto, «en la Ley de Protección de Datos», y cuando se someta a votación se verán «las posiciones de los partidos, pero la de Ciudadanos va a ser la de ser no violar la Ley», dijo. Preguntado sobre la posibilidad de que su voto en contra choque contra un hipotético voto a favor del PP, partido con el que gobierna, reitera: «No sé lo que va a votar el Partido Popular, pero Ciudadanos no está por labor»,
La secretaria general del PP-A, Loles López, dudaba ayer de que la petición que de Vox en el Parlamento llegue a calificarse por parte de la Mesa de dicha institución. López indicaba que «lo mismo ni se califica porque choca con la Ley de Protección de Datos», al tiempo que quería dejar claro que desde el Gobierno andaluz y desde su partido no se va a dar «ni un paso atrás» en la protección de las víctimas de violencia de género. La número dos del PP-A señalaba que cree «firmemente» en la igualdad y en la defensa y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. «Comparto muchas cosas con mi partido, pero ésa de forma férrea», insistía Loles López.
El PSOE-A anunciaba este lunes que solicitará una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia del Parlamento para que comparezca el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), como responsable de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, con el objetivo de que «dé la cara» y «desautorice» la petición «indecente» de Vox.
En rueda de prensa, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, Ángeles Férriz, anunciaba también que los dos miembros del Grupo Socialista en la Mesa del Parlamento demandarán que no se tramite esa petición de información de Vox por ir «en contra» del Reglamento de la Cámara y de la Ley de Protección de Datos. Férriz reprochaba el «silencio bochornoso» de PP-A y Cs ante el hecho de que Vox solicite los nombres y apellidos de las personas que trabajan en esas unidades en una especie de «caza de brujas» y con la clara intención de hacer «listas negras».
El portavoz adjunto de Adelante Andalucía, José Ignacio García, consideraba «una chorrada» la petición de Vox y dijo esperar que el Gobierno andaluz muestre su rechazo a la misma. «Si el Gobierno se dedica a hacer listas de funcionarios que no piensan como ellos, eso tiene un nombre», afirmó García. Para el dirigente de Adelante Andalucía, Vox está haciendo ««política de primero, no trabaja en el Parlamento y hace propuestas chorrada que vienen a escandalizar para recoger a una minoría de gente neomachista y cabreada con la igualdad».
Por su parte, el responsable de la polémica Francisco Serrano, aludía ayer a «irregularidades en los juzgados» para justificar su petición al Parlamento de Andalucía de que facilite la lista de personas que trabajan con las víctimas de violencia de género en la comunidad. La Mesa del Parlamento andaluz decidirá mañana si acepta o no la polémica propuesta.
