Tras cuatro meses de juicio -con interrupciones- y una vez que desde el 14 de febrero han declarado 19 de los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política del caso ERE, esta semana llega el turno de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El juicio continúa hoy con el interrogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández -que lleva cinco días declarando- por parte de su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo, que ya comenzó el miércoles pasado pero prevé necesitar aún toda la sesión este lunes, por lo que, previsiblemente, no será hasta mañana cuando Griñán comience a responder a la Fiscalía. José Antonio Griñán se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos al mantener el llamado «procedimiento específico» por el que, durante una década, la Junta repartió de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según la Fiscalía, más de 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, informa Efe.

A diferencia de Manuel Chaves, que solo está acusado de prevaricación y afronta 10 años de inhabilitación pero no pena de prisión, el Ministerio Público y las acusaciones populares (PP y Manos Limpias) atribuyen a Griñán la responsabilidad de no haber atendido los avisos de la Intervención de la Junta alertando de que el sistema que se usaba para dar las ayudas no era «adecuado». Griñán fue presidente desde el 2009 al 2013 pero antes, desde el año 2004, fue consejero de Economía, departamento del que depende la Intervención y al que se dirigían sus informes -junto a las consejerías de Empleo, que daba las ayudas, y de Innovación, cuya entidad instrumental IFA/IDEA las pagaba con dinero que le enviaba Empleo mediante transferencias de financiación-.

El exinterventor general Manuel Gómez, que se sienta también en el banquillo y afronta las mismas penas que Griñán, le mencionó durante la instrucción especialmente como conocedor de sus alertas a las que hizo «oídos sordos». Durante el juicio suavizó sus palabras. Siendo Griñán consejero, la Intervención emitió en 2005 un informe adicional al de control financiero de las cuentas anuales del IFA de 2003 analizando una veintena de expedientes de ayudas que indicaba que las mismas eran dadas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo «prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido».