El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la ratificación del acuerdo alcanzado hace una semana entre la Junta y los sindicatos para elevar la jornada en la Administración autonómica de 35 a 37,5 horas semanales, un acuerdo que se ha comunicado al Tribunal Constitucional (TC).
La ratificación se produce una vez que se ha concretado el sistema de seguimiento del cumplimiento de dicha jornada al ser 2,5 horas no presenciales, y será la Consejería de Hacienda y Administración Pública la responsable del mismo.
El proceso de seguimiento será similar al establecido para las «jornadas ordinarias», es decir, que el cómputo de las 2,5 horas no presenciales será supervisado anualmente por los responsables directos del personal de cada departamento.
La titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la ratificación del acuerdo no deja «ninguna duda» sobre la voluntad de la Junta de acatamiento de la sentencia del TC que tumbó la jornada laboral de 35 horas, lo que es «compatible con la defensa de los derechos» de los empleados públicos, recalcó
Montero volvió a exigir que los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 «recuperen las 35 horas para los empleados públicos en el conjunto del Estado» y apostilló: «Si no es así, si no se recuperan, el Gobierno debería explicar públicamente por qué ha aprovechado la crisis para liquidar derechos».
El acuerdo para elevar la jornada laboral a 37,5 horas semanales fue suscrito el 18 de diciembre entre la Junta y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF.
Este documento establece una jornada laboral con 35 presenciales que serán completadas con media hora diaria de formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo.
De esta forma, el Gobierno andaluz aplicará la reciente sentencia del TC ejerciendo su competencia reconocida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía para la organización general de su función pública, así como en el Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone que las administraciones públicas establecerán la jornada general de trabajo de sus funcionarios.
Según el acuerdo, 35 horas semanales de promedio en cómputo anual serán de obligada permanencia en el puesto de trabajo y las 2,5 restantes -hasta completar las 37,5- se dedicarán a la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, además de a la formación. Estas 2,5 horas no presenciales tendrán la consideración de trabajo efectivo y computarán dentro de la jornada general.
