El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer los nuevos objetivos de estabilidad para el próximo año con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se abstuvo, y la oposición de las del PP y Canarias. Según informaron fuentes presentes en la reunión del CPFF, la primera que presiden la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Política Territorial, Meritxell Batet, la propuesta salió adelante en un encuentro con muchas críticas por esta medida.

Votaron a favor Andalucía, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Cantabria, mientras que sus compañeros socialistas valencianos se abstuvieron, y rechazaron esta propuesta las gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Murcia) y Canarias. Por otro lado, Cataluña no asistió y País Vasco y Navarra se rigen por su propio régimen foral.

De esta forma, las comunidades tendrán el año 2019 un objetivo de déficit del 0,3% del PIB, y no del 0,1% como estaba estimado, lo que equivale a unos 2.400 o 2.500 millones, según evolucione el PIB, más para destinar a sus propias competencias. También se ha suavizado, por otra parte, el déficit para el 2020: será del 1,1% del PIB, del que el 0,1% será para las comunidades autónomas y el resto aún no se ha desglosado. Y por último, para el 2021, el objetivo global es del 0,4 % del PIB, que se dedicará totalmente a la Seguridad Social. Montero defendió la nueva senda de déficit al considerar que el cumplimiento de los objetivos pactados por el anterior Gobierno habría requerido un ajuste de 11.000 millones de euros.

MÁS PROPUESTAS / En la reunión del CPFF se acordó además crear grupos de trabajo políticos para impulsar la reforma de la financiación autonómica y otro para estudiar la armonización tributaria de las autonomías, pero sólo de los impuestos cedidos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras finalizar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en rueda de prensa, anunció este foro para impulsar esa reforma y abrir una nueva etapa en la que se aborden las discusiones precisas, aunando la perspectiva técnica y la política, para que haya avances efectivos. En este proceso, el Gobierno se compromete a adoptar «posición de liderazgo que le corresponde»; promover debates, trabajos y negociaciones; presentar propuestas y utilizar todos los cauces para promover los consensos.

Montero subrayó la importancia del diálogo multilateral en materia de financiación con todas las comunidades. La titular de Hacienda indicó que había trasladado a los consejeros su intención de poner en marcha un grupo de trabajo para la reforma del sistema cuyo principal objetivo es analizar la insuficiencia financiera de las comunidades y proponer otras soluciones.