El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, alertó ayer del incremento y «alto riesgo» de adicción de los menores en los juegos de azar, un fenómeno que «sobrecoge» por la ludopatía que genera y que, en su opinión, «se nos ha ido de las manos». El Defensor dio la voz de alarma durante la presentación en el Parlamento del Informe Anual del Menor 2018, en el que destaca también la pobreza infantil y la situación de los menores inmigrantes.
Los estudios sobre el aumento de la adicción de menores y jóvenes a los juegos de azar no son muy concretos, pero sí se sabe que en los centros de tratamiento ambulatorio de la comunidad en 2018 fueron atendidos 686 menores por adicciones, de los que el 1,9% lo fueron por juego patológico. «Estamos ante el auge de un problema sin respuesta, que se acrecienta con los móviles y que se nos ha ido de la manos por leyes antiguas que no concretan y que están provocando situaciones en los menores y sus familias que sobrecogen», aseguró.
Frente a estas ludopatías que causan trastornos psicológicos profundos y arruinan a las familias, el Defensor propone una batería de medidas, entre ellas investigar el fenómeno, incrementar las medidas preventivas contra el juego en menores y adolescentes o que se destine un porcentaje de la recaudación de la tasa fiscal sobre el juego a prevención y tratamientos. Maeztu cree que son también necesarias medidas de control de la prohibición del juego, limitar los locales de juego en zonas vulnerables y prohibir la publicidad.
El Defensor del Menor de Andalucía realizó en 2018 un total de 4.931 actuaciones, de las cuales 2.293 se refieren a quejas y 2.638 a consultas. El pasado año se tramitaron en asuntos de infancia, adolescencia y juventud 1.654 expedientes de queja (+12,7%), de los cuales 1.617 fueron instados por la ciudadanía y 37 se iniciaron de oficio promovidos por la institución.
Junto con estas actuaciones, Maeztu informó de que se realizaron otras 639 más procedentes de quejas iniciadas en años anteriores. Las consultas, por su parte, crecieron un 19,4%.
Las reclamaciones más numerosas presentadas en 2018 afectaron a asuntos de sistema de protección, justicia juvenil y familias (menores), con 732 expedientes, entre las que se encuentran las relativas a cuestiones de familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos o los expedientes por el carné de familia numerosa.
POBREZA INFANTIL / Sobre la pobreza infantil, el informe recoge que en Andalucía hay casi1,6 millones niños en riesgo de exclusión, de los que unos 450.000, el 26,3%, padecen la pobreza y tiene muchas posibilidades de abandonar tempranamente su formación o de habitar en infravivienda. «La pobreza tiene una sombra tan alargada que alcanza generaciones y se hereda», lamentó..
El informe aborda también la problemática de los menores inmigrantes no acompañados (mena), cuyo sistema de protección y acogimiento ha cuestionado y que -según Maeztu- provoca el abandono de estos menores de los centros. En 2018 llegaron a Andalucía cerca de 8.000 menores inmigrantes y casi la mitad, unos 3.488, abandonaron los centros de acogida.
