Varias defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en la pieza política del caso ERE han coincidido en pedir al tribunal que anule la acusación realizada por el PP-A por un delito de asociación ilícita y la instrucción de la causa desde que la asumió el juez Álvaro Martín en enero de 2016. En la exposición de las cuestiones previas que el tribunal debe dirimir antes de iniciar el interrogatorio de acusados y testigos, los abogados de los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y José Antonio Viera invocaron la vulneración del derecho a la defensa para pedir que se excluya la acusación por asociación ilícita, por la que el PP pide dos años de cárcel para todos.
Sostienen las defensas que en ningún momento de la instrucción se planteó que se investigara este delito ni a sus clientes se les preguntó al respecto en sus declaraciones judiciales, y que el PP lo incorporó de forma «sorpresiva», según el abogado de Zarrías, por «intereses extrajudiciales» con intención de «politizar» el juicio.
La defensa de Viera solicita además que respecto a su cliente se excluya la acusación de prevaricación por haber prescrito, al haber pasado más de 10 años desde que fue consejero de Empleo (entre abril de 2000 y abril de 2004) hasta que fue imputado formalmente el 13 de noviembre de 2014.
En cuanto a la anulación de la instrucción desde que en enero de 2016 la asumió el juez Álvaro Martín, quien la terminó y abrió juicio oral, las defensas de Zarrías y Martínez Aguayo (como ya hizo el abogado de Griñán) invocaron la vulneración del derecho al juez natural predeterminado cuando se le asignó la causa pese a no ser el titular del juzgado de instrucción 6 sino el juez de refuerzo. Algunas de las defensas pidieron ayer incorporar nuevas pruebas y testigos, entre ellos varios funcionarios.
