La defensa del ex director general de Trabajo Juan Márquez criticó ayer que se le acuse de no paralizar cuando llegó en 2008 un sistema de ayudas de los ERE que llevaba ocho años usándose cuando muchos que supieron de las irregularidades detectadas en ese tiempo por la Intervención no lo hicieron. El abogado Manuel Pérez Cuajares iniciaba así su informe final en defensa de Márquez, que se enfrenta -como su antecesor Javier Guerrero- a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Para el letrado, «lo poco o mucho que se hizo» para corregir las irregularidades señaladas por la Intervención «lo hizo el señor Márquez», quien llegó a la Dirección General de Trabajo en el 2008, por lo que «es importante resaltar qué se supo y qué se hizo y pudo hacer» antes de su llegada al cargo.

En este sentido, destacó que Márquez no estaba en el cargo cuando la Intervención puso reparos en 2000 a las ayudas a la cárnica jienense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), lo que según las acusaciones llevó a idear un sistema para pagar ayudas a empresas y extrabajadores eludiendo la fiscalización previa de la Intervención a través de la agencia pública IFA/IDEA. Tampoco cuando se firmó el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para instaurar ese llamado «procedimiento específico», ni cuando en 2003 la Intervención de IDEA analizó una veintena de expedientes y en un informe adicional remitido en 2005 a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda señaló que la Dirección de Trabajo estaba concediendo las ayudas «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido».

Aunque subrayó que la Intervención nunca vio menoscabo de fondos públicos sino irregularidades administrativas, señaló que «cinco años antes de que mi defendido llegara» los interventores pudieron paralizar el sistema de ayudas de los ERE «si realmente veían ilegalidad». De hecho, puso en valor que fue su defendido quien encargó en 2009 un informe al bufete Garrigues e implantó los cambios que este señalaba.

QUE EL PP PAGUE LAS COSTAS / Por su parte la defensa de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina solicitaba que el tribunal imponga el pago de las costas del juicio de los ERE a la acusación popular que ejerce el PP-A por mantener una «acusación injusta» y el «injustificable daño causado». Así lo pedía en su informe final el letrado Manuel Salinero, que representa a Medina, acusada de prevaricación y malversación y para la que el fiscal pide seis años de prisión y el PP-A ocho, una acusación ante la que según su defensa «no basta con la absolución». Salinero también ha impugnado la documentación que consta en autos aportada a la Guardia Civil durante la investigación por la exasesora de la Consejería de Empleo María José Rofa -que estuvo imputada- porque «carece de toda validez» así como sus testimonios tanto en la instrucción como en el juicio al ser «interesados y defensivos». Por contra, defendió que la Secretaría General Técnica es un órgano tramitador integrado por «funcionarios especializados» ninguno de los cuales «advirtió o conoció irregularidad alguna» sobre el programa de las ayudas investigadas.