El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha abierto diligencias informativas a la jueza Mercedes Alaya después de que así lo solicitara la Fiscalía del Estado, a raíz de unas declaraciones suyas poniendo en cuestión la imparcialidad del Ministerio Público.El promotor de la acción disciplinaria del CGJP ha incoado una diligencia informativa en relación con las manifestaciones realizadas el pasado 4 de junio por la citada magistrada, adscrita a la Audiencia Provincial de Sevilla. En un foro informativo, Alaya había dicho que atribuir a la Fiscalía la investigación de los procedimientos por corrupción sería «como tener al lobo metido dentro del gallinero».

Después de aquellas declaraciones, la Fiscalía General del Estado remitió una comunicación al CGPJ considerando que son «merecedoras de la apertura de expediente disciplinario». En la comunicación se daba traslado de los acuerdos adoptados el pasado 5 de junio por el pleno del Consejo Fiscal, que rechazó las declaraciones efectuadas el día anterior por Alaya por «el menosprecio que las mismas» mostraban hacia «la objetividad e imparcialidad del ministerio fiscal y sus integrantes». La decisión del CGPJ se produce después de que el martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recordara a Alaya que «es obligación de todo juez» promover «una actitud de respeto y confianza en el poder judicial».

Por su parte, la jueza Mercedes Alaya dijo ayer estar «muy tranquila» y se ratificó en sus palabras, tras admitir que «estaría mejor sin hablar» pero busca «cambiar el sistema desde dentro». Alaya afirmó ignorar si las diligencias abiertas van «a ir a algún lado», pero aseguró estar «muy tranquila» de lo que dijo en una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid y ratificarse en «que necesitamos fiscales independientes del Gobierno».

No solo el ministerio público elevó una queja al CGPJ por las críticas de Alaya a esta institución, también el TSJA remitió al máximo órgano de gobierno de los jueces un escrito de los jueces de instrucción de Sevilla -excompañeros de Alaya- mostrando su «malestar profundo» por las críticas a la «capacidad y profesionalidad de sus compañeros» como el juez de refuerzo que le asignaron en el juzgado de instrucción 6 y que cerró la instrucción de la pieza política del caso ERE contra 22 excargos de la Junta.