La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea (Calre) reclamó ayer, a través de la llamada Declaración de Sevilla, que se introduzca el procedimiento de «tarjeta verde» en las instituciones europeas para permitir la presentación de propuestas legislativas. Esta es una de las seis reivindicaciones incluidas en la declaración, aprobada por el plenario de la Calre reunido en Sevilla, y en la que se subraya el papel «activo» que tienen las asambleas y parlamentos regionales en el proceso de integración europeo.
Así, defienden la necesidad de que haya una «gobernanza multinivel» y ascendente y manifiestan su voluntad y compromiso de seguir trabajando y cooperando para reclamar «el protagonismo de los territorios en la construcción e integración de la Unión Europea». Se trata de un documento que pretende impulsar aún más la labor de la Calre, que este año cumple el 20 aniversario de su fundación, como interlocutor principal de las regiones ante Bruselas.
La declaración reivindica también el papel de Europa como garante de la igualdad y justicia social, que son además «fundamentos para la libertad, principios todos recogidos en los tratados europeos». En el texto se subraya que las regiones son Europa, y que las instituciones más cercanas a los ciudadanos, como las asambleas y parlamentos, deben tener «mayor reconocimiento, presencia y opinión cuando se toman las decisiones que afectan a miles de personas». La Carle se marca también como reto actualizar las bases de trabajo de estos 20 años, creando un marco común de referencia que facilite y refuerce las aportaciones de cada uno de los grupos de trabajo y la elaboración de una estrategia para el desarrollo sostenible de las regiones europeas.
Además de reflexionar sobre todos los temas que planean en Europa, la asamblea plenaria ha acordado un decálogo de compromisos centrados en mantener su espíritu de espacio de encuentro para compartir buenas prácticas y contribuir al debate y reflexión sobre las necesidades del proyecto común europeo a partir de las experiencias de cada uno de sus miembros.
Se comprometen también a contribuir activamente a superar las dificultades por las que atraviesa la Unión Europea, a involucrar a los jóvenes en el debate de los asuntos europeos, a seguir desarrollando vías de comunicación directa con el resto de instituciones parlamentarias y a intensificar la relación con el Comité de las Regiones. Otros compromisos apuntan que las asambleas y parlamentos regionales, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, sean «ejemplo de buena gobernanza» que favorezcan espacios de debate para fomentar la identidad europea.
