Hay mucho en juego en los próximos meses. El campo cordobés estará muy pendiente del cierre de debates como el de la Política Agraria Común (PAC), pero también del nuevo convenio colectivo, que ha de negociarse, y de los efectos que puedan tener el brexit, la política agraria de EEUU en la era Biden o el covid-19 en el 2021, pues la pandemia seguirá definiendo la agenda económica y social a la espera de que la extensión de la vacuna reduzca su grave incidencia. Tampoco quedará en el olvido la demanda histórica de más regadío en Córdoba, aunque el bajo nivel de los embalses en la actualidad pueda aconsejar mesura al campo cordobés, mientras se está produciendo un desequilibrio de rentas por el uso del regadío, lo que está llegando también a los precios al incrementarse las producciones de algunas zonas que sí tienen agua frente a otras que están en secano.
No cabe duda de que el cierre de la Política Agraria Común (PAC) y la aprobación del plan estratégico nacional que definirá los repartos en España se convertirá en una de las principales noticias agrarias. Este mes de diciembre finaliza el septenio 2014-2020 de la PAC, por lo que en enero comenzará el nuevo periodo 2021-2027. No obstante, los nuevos reglamentos de la PAC no empezarán a aplicarse hasta 2023, ya que tanto 2021 como 2022 son periodos de transición. Solo el pasado ejercicio llegaron a los agricultores y ganaderos cordobeses 304,2 millones de euros procedentes del Feaga y 40,4 del Feader. La Consejería de Agricultura mantiene que la nueva PAC no debe tener en Andalucía la comunidad que sufra una merma de fondos en una redistribución interterritorial.
El año 2020 se inició con una grave crisis de precios en el sector agroganadero que llevó a distintas movilizaciones que se paralizaron con la expansión del covid-19. Precisamente, el estado de alarma hizo «esencial» la actividad agraria, un reconocimiento que el sector confía en que no caiga en el olvido en los próximos meses. Si el aceite, por su importancia en la producción final agraria, es el que más se vio afectado por la caída de las cotizaciones, el cierre de la actividad hostelera hizo que el sector ganadero sufriera también la reducción de precios al descender la demanda. Los empresarios agroganaderos, tras los cambios en la ley de la cadena alimentaria, confían en que se reconozca el verdadero valor de sus producciones y que los precios de venta no estén por debajo de los costes de producción. El 2021 será también año de negociación del convenio del campo, que afecta a unas siete mil explotaciones y a unos 60.000 trabajadores. El último marco colectivo se firmó en 2017, con vigencia hasta final del 2020. En este periodo se contempló una subida salarial del 5,3%, que durante este año registró también un incremento por la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). UGT, fuerza mayoritaria entre los trabajadores del campo, ha avanzado ya algunas de sus peticiones: igualdad salarial y de condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, así como actualización de las distintas normativas laborales, sociales y económicas al campo y mejora del poder adquisitivo de los empleados del sector.
A la espera de que se apruebe la asignación definitiva y se pueda disponer del agua procedente de las depuradoras para el regadío, los agricultores cordobeses confían en que se escuche su demanda histórica para incrementar los recursos utilizables para la agricultura y el abastecimiento del ganado y que avance el riego comprometido en el Genil-Cabra. Así lo plantearon en una reciente mesa de debate de Diario CÓRDOBA el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; junto al presidente de Cooperativas Agroalimentarias en Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta; el delegado territorial de Caixabank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra y la presidenta de AEMO, Ana María Romero. Sin agua, es complicado competir.
